viernes, mayo 16, 2025
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Trabajadores de CENIT acusan intento de privatización y exigen control político a presidentes de Ecopetrol y su filial

La Unión Sindical Obrera (USO) encendió las alertas por lo que consideran una “privatización silenciosa” del sistema nacional de transporte de hidrocarburos. Desde la Subdirectiva Única de Oleoductos, los trabajadores exigieron al Congreso citar a un debate de control político al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al presidente de CENIT, Alexander Cadena, para que respondan por la entrega de operaciones clave a terceros privados.

La denuncia apunta a que CENIT, filial de Ecopetrol responsable del transporte de crudo y refinados, eliminó puestos de trabajo de operadores directos con el fin de transferir la operación de 21 de las 54 estaciones del país a empresas privadas. Estas decisiones, aseguran, ponen en riesgo el control fiscal y la seguridad operacional del sistema que mueve más de 9.800 kilómetros de oleoductos y poliductos en Colombia.

“Actualmente pretenden eliminar puestos de trabajo de operadores directos de CENIT y otorgar la operación a privados, empresas que una vez tengan asegurado el conocimiento, licitarán o comprarán las plantas, poliductos y oleoductos del país”, denunció William Silgado Paternina, presidente de la Subdirectiva.

La operación, según la USO, se camufla bajo el proyecto OPES (Operaciones Sostenibles), que ya deja estaciones sin operadores y otras con personal mínimo, violando normas internas y estándares internacionales de seguridad industrial.

El sindicato también advirtió que el argumento de Ecopetrol sobre los altos costos “desconoce los riesgos” de entregar operaciones sensibles a contratistas sin responsabilidad social ni contractual.

“Ecopetrol pone en riesgo los procesos y la seguridad industrial al entregar la operación a terceros de capital privado que no tendrán los mismos estándares”, agregó Silgado.

Los trabajadores alertan que este proceso no solo expone a los empleados y a las comunidades cercanas a las estaciones, sino que también representa un grave retroceso en la soberanía energética del país. Pidieron al Congreso tomar acciones inmediatas para frenar lo que califican como un desmantelamiento progresivo del control estatal sobre un recurso estratégico.

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