La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación que vincule penalmente a la Junta Directiva de EMCALI S.A. E.S.P. dentro de la investigación que avanza por el contrato de alumbrado público de Cali, tras advertir indicios graves de direccionamiento contractual, fallas estructurales de planeación y un posible desvío de recursos públicos en favor de terceros.
El requerimiento lo presentó el exjuez Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la veeduría, quien señaló que la Junta Directiva actúa como máximo órgano de dirección y control de la empresa y, por tanto, responde por las decisiones estratégicas, la supervisión contractual y la defensa del patrimonio público. La veeduría pidió establecer si ese órgano conoció, autorizó, permitió u omitió acciones frente a un proceso contractual de alto impacto económico hoy bajo escrutinio penal.
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Según la solicitud, el contrato exigía planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas que garantizaran libre concurrencia y selección objetiva, conforme a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. La veeduría advirtió que la ausencia o manipulación de esos requisitos compromete la legalidad y podría configurar delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin requisitos legales y peculado.
El documento recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional exige a los órganos directivos control real y efectivo y prohíbe escudarse en delegaciones para evadir responsabilidades.
