OPINIÓN La Electrificadora de Santander, filial del Grupo Empresarial EPM, mantiene hoy una calificación crediticia AAA, respaldada por indicadores financieros sólidos y niveles de rentabilidad estables. No obstante, detrás de esa fotografía positiva surge un riesgo estructural que no aparece en los balances, pero que históricamente ha desencadenado crisis empresariales: la deficiente gestión de la negociación colectiva.
La compañía enfrenta un conflicto laboral de alcance departamental con los trabajadores afiliados a SINTRAELECOL, con presencia en Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa. No se trata de un episodio aislado ni de una disputa menor, sino de un proceso que podría impactar la continuidad operativa y reputacional de la empresa en Santander y su zona de influencia.
Pese a su condición de empresa rentable, la dirección habría optado por una estrategia reiterada en múltiples crisis corporativas: blindar utilidades y priorizar exclusivamente al accionista, trasladando el ajuste a los trabajadores mediante desmejoras laborales y un diálogo social debilitado. Este enfoque, lejos de fortalecer la sostenibilidad, incrementa el riesgo.
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Desde los estándares de la OIT, la OCDE y los criterios ESG, ignorar o minimizar los conflictos laborales constituye una señal clara de fallas en la gobernanza corporativa. El derecho de huelga no es un evento extraordinario ni una amenaza financiera en sí mismo; es un indicador temprano de deterioro institucional. Gestionarlo desde la estigmatización o el temor evidencia un retroceso en la dimensión “G” de ESG, clave para inversionistas y calificadoras.
Para el mercado, el mensaje es directo: los conflictos laborales no destruyen valor cuando se reconocen y gestionan; lo destruyen cuando se niegan. Y cuando este tipo de tensiones ocurre dentro de una filial de un grupo como EPM, el riesgo deja de ser local y adquiere una dimensión reputacional y sistémica.
