El nuevo decreto establece obligaciones para empresas tecnológicas, instituciones educativas y entidades públicas con el fin de prevenir el ciberacoso, la explotación sexual en línea y el uso indebido de datos personales de niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0769 de 2026, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 y fija nuevas obligaciones para plataformas digitales, instituciones educativas, entidades públicas y familias con el propósito de fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.
La reglamentación busca responder al aumento de riesgos asociados al uso de internet, entre ellos el ciberacoso, la explotación y el abuso sexual en línea, la captación de menores por medios digitales, la exposición a contenidos inapropiados y el tratamiento inadecuado de datos personales.
Plataformas digitales deberán fortalecer la protección de menores
Uno de los principales cambios recae sobre las empresas que ofrecen redes sociales, aplicaciones, videojuegos, servicios de inteligencia artificial y otras plataformas digitales.
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Con la nueva normativa, estas compañías deberán identificar y gestionar los riesgos que enfrentan los menores de edad, fortalecer las medidas de protección de datos personales, habilitar canales accesibles para reportar situaciones de riesgo y presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de estas obligaciones ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
El decreto también impulsa el principio de «privacidad y seguridad desde el diseño», una tendencia internacional que exige incorporar mecanismos de protección desde la creación de los servicios digitales y no únicamente cuando surgen incidentes.
Colegios deberán incluir prevención del ciberacoso en sus manuales
Las instituciones educativas también tendrán nuevas responsabilidades. El decreto ordena incorporar estrategias de prevención del ciberacoso y otras violencias digitales dentro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Manuales de Convivencia, además de promover procesos de formación dirigidos a estudiantes, docentes, padres de familia y cuidadores.
Las capacitaciones deberán abordar temas como: Navegación segura en internet, protección de la privacidad y los datos personales, uso responsable de redes sociales, herramientas de control parental y revención de riesgos digitales.
El objetivo es fortalecer la alfabetización digital y reducir la vulnerabilidad de los menores frente a delitos que cada año registran un mayor impacto en los entornos virtuales.
Crearán política nacional de seguridad digital para menores
La reglamentación establece que el Gobierno deberá formular, en un plazo de 12 meses, una Política Pública Nacional de Entornos Digitales Sanos y Seguros.
Además, creará un repositorio gratuito con contenidos educativos y recomendaciones para estudiantes, docentes y familias. La plataforma no podrá exigir el registro de menores ni recopilar información personal como condición para acceder a los materiales, y tampoco podrá incluir publicidad dirigida a esta población.
Varias entidades coordinarán la vigilancia de riesgos digitales
El decreto también crea un Sistema Integral de Monitoreo, Evaluación y Desarrollo Tecnológico, que contará con la participación del Ministerio TIC, el Ministerio de Educación, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, entre otras entidades.
Esta articulación buscará mejorar la detección temprana de riesgos, fortalecer la prevención y facilitar la atención de casos relacionados con violencia digital contra menores de edad.
La implementación de las nuevas obligaciones será gradual y tendrá en cuenta el nivel de riesgo y la capacidad técnica de cada actor involucrado.
La norma prohíbe medidas que vulneren derechos fundamentales
El decreto aclara que las acciones de protección no podrán utilizarse para justificar censura previa, vigilancia masiva de comunicaciones privadas ni afectar los sistemas de cifrado utilizados para proteger la información de los usuarios.
