La audiencia convocada por la Comisión Quinta del Senado en Barranquilla cerró con acuerdos para atender el abastecimiento de electricidad y gas y la situación financiera de Air-e y Afinia. El compromiso central es construir una matriz nacional de acciones con responsables, plazos y mecanismos de verificación para dar seguimiento a las decisiones.
Durante ocho horas, representantes del sector expusieron retrasos en proyectos de generación y transmisión, deudas de las comercializadoras y riesgos asociados a una eventual sequía. Además de la matriz, se acordó crear un observatorio interinstitucional y consolidar una hoja de ruta energética hasta 2035.
El senador Camilo Torres anunció que la Comisión Quinta trabajará con la RAP Caribe en el observatorio. Planteó la participación de empresas, gremios, el Gobierno nacional, la Procuraduría y la Contraloría. El mecanismo busca seguir el avance de las acciones surgidas de la audiencia, convocada en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz.
Entre los compromisos figura impulsar la exploración de gas natural con el objetivo de normalizar el abastecimiento en un horizonte de tres a cuatro años. También se ratificaron $1,5 billones para respaldar la generación térmica y reducir su exposición al mercado de bolsa. Los participantes plantearon incorporar proyectos de energías renovables y medidas de gestión de la demanda eléctrica.
La ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, sostuvo que el problema requiere soluciones nacionales y pidió respaldo del Congreso para adoptar medidas inmediatas antes de avanzar en respuestas estructurales. Indicó que el ministerio trabaja con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en decisiones relacionadas con las inversiones.
La situación de las comercializadoras ocupó parte de la discusión. Afinia requiere $800.000 millones para sostener su operación hasta diciembre y registra una deuda global de $6,3 billones. Los participantes coincidieron en la necesidad de sanear las cuentas de estas empresas, reducir las pérdidas de energía y revisar condiciones regulatorias que inciden en el servicio.
El gerente de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla, afirmó que la compañía necesita recursos y ajustes regulatorios y operativos para sostener la prestación del servicio. Explicó que presentó alternativas al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG, mientras busca una solución financiera de largo plazo.
El gobernador Eduardo Verano propuso una mesa nacional de seguridad energética para 2026-2027, acelerar la expansión de redes eléctricas en el Caribe y estabilizar las finanzas de Air-e sin trasladar sus desequilibrios a los usuarios. También pidió revisar la regulación tarifaria regional. Según sus estimaciones, un eventual racionamiento ocasionaría pérdidas por $30,7 billones y comprometería 210.000 empleos.
Como próximo paso, el Ministerio de Minas y Energía iniciará en los próximos días un estudio con XM sobre la posibilidad de ajustar el programa de Uso Eficiente de la CREG. También quedó planteada una mesa entre el Gobierno y la comisión reguladora para analizar el cargo de confiabilidad y la inversión en las redes de Air-e y Afinia.
