La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, denunció ante la Fiscalía presuntas amenazas y hostigamientos en redes sociales. La denuncia ocurre mientras revisa contratos de la entidad, incluidos procesos de administraciones anteriores.
La denuncia de amenazas en redes
Restrepo acudió a la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas, hostigamientos e injurias provenientes de perfiles en redes sociales. La presentación de la denuncia abre el examen de esas conductas, pero no establece por sí misma que se hayan cometido delitos ni identifica responsables.
La directora afirmó que algunos mensajes difundieron información sobre su ubicación y expresaron la intención de acercarse a ella. Consideró preocupantes esas publicaciones para su seguridad. Corresponde a las autoridades determinar si las conductas denunciadas constituyen delitos.
Restrepo también cuestionó la circulación de un video de su intervención ante la Comisión Séptima del Senado. Según la funcionaria, el video habría sido editado de una manera que alteró el contexto de sus declaraciones. Esa afirmación forma parte de los hechos sometidos a investigación.
Los contratos que examina el ICBF
La revisión de la entidad abarca contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, incluidos procesos de administraciones anteriores. El ICBF busca establecer para qué se necesitaban esos contratos, cómo se ejecutaron y cuáles fueron sus resultados.
Las cifras divulgadas por la entidad muestran que el número de esos contratos pasó de 6.427 en 2022 a 9.795 en 2024. El aumento es uno de los asuntos bajo examen, sin que la revisión permita concluir que todos los contratos cuestionados sean irregulares.
Otro frente corresponde a los operadores de atención a la primera infancia. En agosto, el ICBF informó que había encontrado contratos vencidos en 11 departamentos y operadores con procesos sancionatorios activos. La administración advirtió sobre posibles irregularidades relacionadas con esos servicios, que también serían objeto de revisión.
La denuncia por los mensajes y el examen contractual avanzan en planos distintos. Las actuaciones descritas no permiten establecer una relación entre los críticos de la directora y los operadores del ICBF. El alcance de las conductas denunciadas quedará en manos de las autoridades; el de la revisión contractual dependerá de lo que se determine sobre cada proceso.
