Por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach, cinco investigadores se trasladaron a San Andrés y Providencia para examinar denuncias de presunta corrupción que involucrarían a servidores públicos. La comisión de la Procuraduría asumirá las actuaciones disciplinarias relacionadas con los hechos divulgados en el archipiélago.
La comisión en San Andrés
El equipo salió de Bogotá a las 6:00 a. m. Lo encabeza una procuradora delegada y lo acompaña personal especializado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE). Eljach designó directamente a sus integrantes para avanzar en las indagaciones y establecer si las conductas denunciadas comprometen la responsabilidad disciplinaria de funcionarios públicos.
La decisión siguió a las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella, quien hizo públicas las denuncias durante el pasado fin de semana. La Procuraduría ya había abierto dos indagaciones relacionadas con la Gobernación de San Andrés y el Hospital Departamental por presuntas irregularidades en la contratación.
Una de las denuncias apunta a contratos que habrían favorecido a familiares de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang y de la gobernadora Girley Ordoñez. También se examinan señalamientos sobre una supuesta tercerización de equipos médicos. Se trata de hechos bajo indagación, no de responsabilidades disciplinarias establecidas.
Documentos y responsabilidades bajo examen
Uno de los documentos de la indagación menciona un presunto desembolso de $1.700.000.000,00 a favor de un particular, que correspondería al 24,29 % de un contrato de $7.000.000.000,00. En el expediente del hospital se plantea, asimismo, la posibilidad de que la contratación buscara favorecer a familiares de autoridades departamentales.
Las actuaciones incluyen la revisión de copias de contratos, hojas de vida y documentos de contratación del hospital y la Gobernación. De acuerdo con los radicados, las entidades disponen de un máximo de 10 días desde la firma para entregar las pruebas solicitadas.
El envío de la comisión también llega después de que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pidiera la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. La secretaria Cristina Lombana anunció esa solicitud el 18 de octubre por instrucción del presidente De La Espriella.
Entre las medidas solicitadas figuraban un equipo conjunto para examinar las denuncias y la coordinación de las investigaciones desde Bogotá. La Secretaría también pidió a la Procuraduría evaluar el ejercicio de su poder preferente y a la Contraloría considerar el control fiscal excepcional, cada una dentro de sus competencias.
Con la comisión desplazada al archipiélago, la Procuraduría avanza en la recolección y evaluación de evidencias. La determinación de eventuales responsabilidades disciplinarias dependerá de las pruebas obtenidas y de las actuaciones que se desarrollen dentro de los procedimientos legales.
