El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió una demanda que busca la nulidad de la elección de los tres alcaldes locales de Cartagena: Frank Ricaurte, Alexis Valerio Parias y Yucelis Patricia Garrido Ochoa. La acción judicial se fundamenta en la modificación de los requisitos para aspirar a dichos cargos durante el proceso, lo que ha generado polémica.
La demanda y el cambio de reglas
La demanda, presentada por el veedor Abelardo Meza Herazo, cuestiona las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la elección. Meza argumenta que, en plena marcha del proceso, se alteraron los requisitos profesionales y de experiencia para los aspirantes a las alcaldías locales. Según el demandante, estas modificaciones representan un cambio en las «reglas del juego», afectando la legitimidad de la elección que culminó en el nombramiento de los tres alcaldes.
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Admisión de la demanda, pero sin suspensión provisional
Aunque el Tribunal admitió la demanda, negó la solicitud de medida cautelar que buscaba suspender provisionalmente el Decreto 0258 del 16 de febrero de 2024. Este decreto oficializa el nombramiento de Frank Ricaurte, Alexis Valerio Parias y Yucelis Patricia Garrido Ochoa como alcaldes locales. Con esta decisión, los funcionarios continuarán en sus cargos mientras se desarrolla el proceso judicial.
Notificación de las partes y formalidades del proceso
El Tribunal también dispuso la notificación formal a los demandados: el Distrito de Cartagena, Frank Ricaurte, Alexis Valerio Parias y Yucelis Patricia Garrido Ochoa, según lo establecido en la Ley 1437 de 2011. Además, el agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibieron copia de la demanda y sus anexos, lo que garantiza una revisión más exhaustiva del caso.
Plazo para la respuesta de los demandados
Los demandados tienen un plazo de 15 días para contestar la demanda. Durante este tiempo, deben presentar los antecedentes administrativos que sustentan el nombramiento impugnado. Esta fase será clave para esclarecer las posibles irregularidades y determinar si hubo un cambio indebido en los requisitos de los aspirantes.
El impacto en la comunidad y el proceso público
Este caso ha captado la atención de la comunidad cartagenera, y el Tribunal ordenó que se informe a la ciudadanía sobre la existencia del proceso a través de la página web de la Corporación y otros medios de comunicación institucionales, como la radio y televisión. Esto subraya la relevancia pública de la controversia y su posible impacto en la estabilidad administrativa de la ciudad.
Repercusiones para los alcaldes locales
Aunque los tres alcaldes locales seguirán en sus funciones, el proceso judicial podría poner en riesgo su continuidad. La denuncia de Abelardo Meza Herazo cuestiona directamente la transparencia del proceso que llevó a su elección, lo que deja abierta la posibilidad de que se tomen medidas correctivas en el futuro.
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Un caso bajo la lupa judicial
El proceso continúa bajo la supervisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que ha seguido los protocolos formales para garantizar la transparencia. Este seguimiento riguroso, junto con la intervención de entidades nacionales, como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sugiere que la disputa sobre la legalidad del nombramiento de los alcaldes locales no será resuelta rápidamente.
Este proceso judicial podría alterar el panorama político local de Cartagena, con repercusiones que trascienden las fronteras del Distrito.
