El presidente Abelardo De la Espriella entregó a la Fiscalía un documento denominado El libro de la verdad, que reúne más de 80 casos de presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El material también fue remitido a la Procuraduría y la Contraloría para que las autoridades evalúen los hallazgos y determinen si procede alguna actuación.
Hallazgos remitidos a los organismos de control
La entrega se realizó en el auditorio central de la Fiscalía, en Bogotá, con la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo. El documento fue presentado ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo; el procurador, Gregorio Eljach; y el saliente contralor, Carlos Rodríguez.
De la Espriella sostuvo que el informe identifica irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, pero aclaró que no le corresponde establecer responsabilidades penales individuales. Planteó que esa definición compete a la administración de justicia y al Ministerio Público, a partir de la información trasladada.
Restrepo, quien coordinó el empalme anticorrupción, afirmó que los casos expuestos son una muestra de los hallazgos recopilados. Indicó que el equipo élite anticorrupción presentó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante las tres entidades.
Entre los asuntos incluidos figura una denuncia sobre una presunta nómina paralela de 900 mil órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. De la Espriella calculó que esa contratación representó 5 billones de pesos para las finanzas públicas y la calificó como un esquema de “corbatas”.
Casos señalados en el documento
El reporte también incluye señalamientos sobre recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De la Espriella aseguró que la entidad giró $856 mil millones sin urgencia manifiesta y que se perdió el rastro de $1,38 billones.
En materia de protección social, Restrepo denunció una desfinanciación de Colombia Mayor entre agosto y diciembre de 2026. Sostuvo que el presupuesto anual destinado a tres millones de adultos mayores se agotó en julio y que no quedaron planes de contingencia para las coberturas propuestas.
El documento cuestiona además contrataciones en la Cancillería antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Restrepo señaló que se suscribieron 785 contratos por $83.000 millones y que, de forma paralela, se destinaron 8.500 millones de pesos a sedes temporales por periodos de 90 a 120 días.
Otros puntos expuestos abarcan operaciones TES del Ministerio de Hacienda, la delimitación del páramo de Santurbán y contratos de FonIgualdad. La Fiscalía deberá determinar si las denuncias permiten abrir procesos penales, mientras que la Contraloría y la Procuraduría podrán valorar eventuales actuaciones dentro de sus competencias.
