martes, septiembre 1, 2026
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Honorio Henríquez apela la tutela por el acto religioso en la posesión presidencial

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, impugnó el fallo de tutela que le ordenó ofrecer excusas públicas junto con el presidente Abelardo de la Espriella por el acto religioso de la posesión del 7 de agosto. El recurso cuestiona que se le atribuya una responsabilidad individual por una decisión tomada en el Congreso.

Los argumentos del recurso

La impugnación fue radicada ante el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, despacho que concluyó que el momento religioso realizado durante la ceremonia vulneró la neutralidad religiosa y el carácter laico del Estado.

Henríquez sostuvo que la inclusión del acto respondió a una decisión colegiada del Congreso, aprobada mediante proposición, deliberación y votación. Por ello, plantea que las consecuencias jurídicas del fallo no pueden recaer de manera personal sobre quien preside la corporación.

El presidente del Senado también fundamentó su recurso en la inviolabilidad parlamentaria, la separación funcional de poderes, la autonomía del Congreso y la distribución de competencias prevista en la Ley 5ª de 1992. Su reparo incluye la forma en que el juez aplicó los principios de laicidad y neutralidad religiosa al acto de posesión.

Gobierno también impugnó

El Departamento Administrativo de la Presidencia presentó igualmente una impugnación contra la tutela. La Presidencia pidió revocar la orden de que el mandatario se disculpara en una alocución el 30 de septiembre a las 7:00 p. m., al considerar que ya cumplió con ese requerimiento el 30 de agosto.

De la Espriella ofreció excusas públicas durante una alocución presidencial por si el acto religioso pudo generar incomodidad u ofender a alguna persona. La decisión judicial había fijado como plazo máximo el 30 de septiembre para esa disculpa.

La tutela también dispuso que el presidente y Henríquez se comprometieran a no promover prácticas religiosas en actos oficiales, además de expedir una directiva presidencial para prohibir y restringir expresiones religiosas en eventos institucionales de funcionarios públicos. Henríquez no ha pedido disculpas y busca que esa orden sea revocada.

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