La Fiscalía General de la Nación avanza en investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la junta directiva de la EPS Coosalud, a raíz de graves denuncias realizadas por el superintendente nacional de salud, Giovanny Rubiano.
Denuncias de irregularidades
Giovanny Rubiano señaló que Coosalud habría utilizado recursos del sistema de salud para pagar un crédito adquirido con una entidad bancaria. Según el funcionario, Jaime González, representante legal de la EPS, también lidera la empresa Coosalud Inversa S.A., a la que se le adeudaban 221 mil millones de pesos.
«En diciembre del año 2022 se suscribió un crédito del Banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa sociedad anónima. En ese contrato de crédito, Coosalud EPS se registra como garante. La EPS, con dineros públicos, sirve como fiador de una empresa privada. Posteriormente, en noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito y anunció la posibilidad de usar los recursos del fideicomiso relacionados con Coosalud para cubrir la deuda, lo que concretó dos días antes de la intervención con la transferencia de 206 mil millones de pesos«, denunció Rubiano.
El superintendente subrayó una posible colisión de intereses: «El representante legal de Coosalud EPS se llama Jaime González. Durante la firma del contrato, también tenía la representación legal de la empresa deudora, que era la privada que pide el crédito y lo respalda la EPS con dineros públicos».
Intervención de la Fiscalía
La Unidad Anticorrupción y el grupo de tareas especiales indagan estas irregularidades. Además, investigan otros presuntos desvíos de recursos reportados por el nuevo agente interventor.
El presidente Gustavo Petro añadió un elemento explosivo al debate al afirmar que la junta directiva de Coosalud «refundió» cerca de 200.000 millones de pesos. No obstante, los miembros de la junta rechazaron tajantemente estas declaraciones y exigieron una rectificación.
En su red social X, Petro expresó:
En un movimiento extraño de la gran prensa, mostraron a Mario Urán como asesor del gobierno y a la EPS Coosalud como si fuera de las intervenidas por el gobierno. Según su información Urán dirigía salidas de dinero al extranjero de las empresas intervenidas.
La realidad fue… pic.twitter.com/4Fy3GFVdFT
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2024
Por su parte, el exalcalde de Bolívar, Dumek Turbay, comentó en su cuenta de X:
Desconozco la intención que tiene el Gobierno Nacional a través del @MinSaludCol,
de arrebatarle la salud a los cartageneros, pero lo que hace es una afrenta contra la ciudad. Como decimos acá, el Gobierno de @petrogustavo ni lava ni presta la batea.La @ESECartagena regresa a… pic.twitter.com/lGlzAt2Nzv
— Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) December 12, 2024
Respuesta del expresidente de Coosalud
Jaime González, presidente ejecutivo de Coosalud EPS hasta noviembre de 2024, defendió su gestión y aseguró que los recursos involucrados en el préstamo con el Banco GNB Sudameris eran patrimonio de la entidad y no estaban relacionados con la prestación de servicios de salud.
Según González, Inversa, la empresa privada implicada, «es una filial de la Cooperativa Coosalud creada como parte de un plan de reorganización institucional aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2017″.
El expresidente explicó: «Desde el 2017, la EPS se apalancó en este modelo para garantizar su operación ante una situación de prima insuficiente y con carteras pendientes del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales». También afirmó que el Banco GNB Sudameris ejecutó la garantía unilateralmente: «Como consecuencia de lo anterior, el banco decide de manera unilateral que se aporten los recursos necesarios para el pago total de los créditos vinculados y adicionalmente, haciendo uso de la cláusula de aceleración de la garantía, toma estos recursos y los lleva hacia el banco».
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González subrayó que los recursos utilizados no provenían de la salud ni de la UPC: «Estos son recursos propios de la EPS que habían sido constituidos como patrimonio».
Implicaciones legales
La Fiscalía también investiga a Mario Urán, exasesor de Coosalud, por el presunto uso indebido de correos electrónicos para impartir órdenes relacionadas con la gestión de EPS intervenidas en el país. Su abogado negó las acusaciones y calificó de infundadas las afirmaciones de la Superintendencia Nacional de Salud.
Con las investigaciones en marcha, el caso Coosalud pone en evidencia los vacíos en la supervisión del sistema de salud y abre interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos destinados a garantizar el acceso a servicios básicos. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de corrupción que profundiza la crisis en el sector? El tiempo y las acciones judiciales dirán si se hará justicia o si este escándalo quedará en el olvido.
