Piedemont rechaza versiones radiales que la vinculan con presuntos pagos a grupos ilegales en Arauca. La empresa afirma que los señalamientos pueden aumentar los riesgos para su personal y anuncia acciones ante las autoridades.
Piedemont rechaza categóricamente las versiones que la relacionan con pagos a grupos armados ilegales y anuncia
acciones penales, constitucionales, administrativas y de protección.
Los señalamientos difundidos en espacios radiales sobre supuestos pagos extorsivos de Piedemont a organizaciones
armadas ilegales encendieron las alarmas en el sector transportador de Arauca y podrían haber incrementado de
manera grave el nivel de exposición de sus trabajadores, conductores, directivos y familias.
Los señalamientos difundidos a través de mensajes radiales, que vinculan a la empresa de transportes Piedemont,
prendieron las alarmas. La compañía rechaza de forma clara y categórica cualquier afirmación que pretenda vincularla
con el pago de extorsiones, la financiación de estructuras criminales o la concertación con grupos al margen de la ley.
Piedemont no entrega recursos a organizaciones ilegales ni actúa como intermediaria de intereses criminales.
En una región afectada históricamente por la violencia, una afirmación no verificada pone en riesgo a los Conductores,
trabajadores, directivos y familias vinculados al sector.
Por el contrario, puede dejar de ser un asunto exclusivamente
reputacional y transformarse en un factor concreto de riesgo para la vida, la integridad y la seguridad de quienes
desarrollan actividades legítimas en el territorio.
La empresa ha reportado que, después de la difusión de estos señalamientos, terceros habrían utilizado esa narrativa
para formular nuevas exigencias. La identificación de los responsables, el origen de esas comunicaciones y la existencia
de una eventual relación entre los mensajes radiales y el aumento del riesgo deberán ser establecidos por las
autoridades competentes.
Ante la gravedad de los hechos, Piedemont, por conducto de su apoderado, el abogado penalista y constitucionalista
José Moreno Caballero, acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar que se determine el origen, contexto
y alcance de las comunicaciones difundidas, así como la posible existencia de conductas penalmente relevantes.
La compañía también solicitará a la Policía Nacional una evaluación urgente y especializada de las condiciones de
seguridad de sus trabajadores, conductores y directivos, y la adopción de las medidas preventivas de protección que
resulten necesarias.
De igual manera, los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones —MinTIC— para que, dentro del marco de sus competencias, examine las circunstancias relacionadas
con la prestación del servicio de radiodifusión sonora y la difusión de contenidos capaces de incrementar el riesgo de
personas y empresas que operan en zonas especialmente afectadas por la criminalidad.
Paralelamente, Piedemont ejercerá su derecho constitucional a solicitar la rectificación de las afirmaciones inexactas,
no verificadas o presentadas de manera que puedan transmitir al público una responsabilidad que no ha sido
demostrada. La libertad de prensa constituye una garantía esencial de la democracia, pero no autoriza a convertir
sospechas, fuentes anónimas o interrogantes en declaraciones públicas de culpabilidad.
Piedemont ha acudido a las instituciones como víctima de hechos violentos y continuará colaborando con las
autoridades.
Quien comparece ante la justicia como víctima no puede ser convertido, sin prueba, en aliado de sus
agresores.
La empresa mantendrá sus operaciones y el cumplimiento de sus obligaciones bajo criterios de legalidad, transparencia
y responsabilidad.
Su defensa se adelantará con documentos, evidencia y debido proceso.
Las acusaciones graves
deben ser probadas o rectificadas.
