El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la prohibición del período de prueba en los contratos de aprendizaje. Empresas y aprendices, incluidos los del Sena, pueden pactar esa etapa por escrito mientras se decide la demanda contra la norma que la excluía.
Condiciones del período de prueba para aprendices
La suspensión no establece un período de prueba automático. Para que exista, debe quedar expresamente pactado por escrito en el contrato de aprendizaje. Sin esa cláusula, la empresa no puede dar por iniciada la etapa ni aplicar sus efectos. Tampoco vuelve a regir la antigua regla que presumía como prueba los primeros tres meses del vínculo.
Si el pacto es válido, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite que cualquiera de las partes termine el contrato sin previo aviso durante el período convenido. Esa facultad corresponde tanto a la empresa como al aprendiz. Su ejercicio no elimina las prestaciones ni los demás derechos laborales correspondientes al tiempo acordado.
La duración está sometida a dos límites: el período de prueba no puede superar dos meses y, si el contrato a término fijo dura menos de un año, tampoco puede exceder la quinta parte del plazo inicialmente convenido. El tribunal mencionó como ejemplo un pacto escrito por un mes, sin establecer esa duración para todos los contratos.
Las protecciones de los aprendices se mantienen. Durante la etapa lectiva cuentan con cobertura en salud y riesgos laborales. En la fase práctica, o durante toda la formación dual, les corresponden afiliación al sistema de seguridad social integral, prestaciones, auxilios y los demás derechos laborales.
Origen de la suspensión judicial
La medida cautelar rige desde el 5 de octubre de 2026. Afecta un artículo incorporado al Decreto 1072 de 2015 por el Decreto 223 de 2026, que excluía por completo el período de prueba de los contratos de aprendizaje. La disposición queda sin efectos mientras avanza el proceso judicial.
Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado solicitaron la anulación parcial de la norma y la suspensión de sus efectos durante el trámite. La controversia se relaciona con la reforma laboral de 2025, que calificó el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo, sujeto a las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo sin perder su finalidad formativa.
Para la Sección Segunda del Consejo de Estado, el Gobierno no podía excluir mediante decreto una estipulación que la ley permite pactar. La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo ordenó la suspensión provisional al considerar que la prohibición restringía el régimen laboral al que el legislador sometió estos contratos.
La suspensión no resuelve la demanda de nulidad. El Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre la legalidad del decreto en la sentencia de fondo. Hasta entonces, cualquier período de prueba acordado en un contrato de aprendizaje debe constar por escrito y ajustarse a los límites del Código.
