Dirigentes del Pacto Histórico cuestionaron la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella tras un balance de sus primeros 90 días de gobierno. Con corte al 5 de noviembre, el Ministerio de Defensa registró un aumento del 58% en los asesinatos de militares y policías frente al mismo período de 2022.
Las cifras de seguridad
Durante esos tres meses fueron asesinados 38 integrantes de la fuerza pública y otros 213 resultaron heridos. En el Ejército, los militares asesinados habrían pasado de ocho a 21 frente al período de comparación. La cifra de heridos en esa institución pasó de 36 a 131.
La representante Isabel Vera afirmó que el número de heridos en el conjunto de la fuerza pública aumentó 72%. La congresista recordó que De la Espriella prometió durante la campaña recuperar el control del territorio en los primeros 90 días y sostuvo que los resultados distan de ese objetivo. También criticó la promesa de «mano dura», que, a su juicio, quedó reducida a un eslogan.
Los cuestionamientos se produjeron cuando el Gobierno estaba próximo a completar 100 días. Los dirigentes del Pacto Histórico vincularon el balance de víctimas con su crítica a la estrategia de seguridad, aunque las cifras por sí solas no establecen una causa para el aumento de los ataques.
Críticas del Pacto Histórico
La representante Laura Daniel Beltrán, conocida como Lalis, puso el foco en las condiciones de los uniformados. «Respetar a los soldados y policías es garantizarles una vida digna, condiciones para vivir y trabajar con seguridad», sostuvo. También afirmó que los efectos de la confrontación recaen sobre jóvenes de sectores populares y sus familias.
El senador Iván Cepeda citó el incremento de asesinatos para calificar de «desastrosa» la política de seguridad del Gobierno. Por su parte, la representante Mafe Carrascal contrapuso el balance actual con mejoras salariales, ascensos y cambios laborales que atribuyó a la administración de Gustavo Petro.
El exministro Andrés Camacho también cuestionó el plan de choque anunciado para los primeros 90 días. Afirmó que «la seguridad sigue igual o peor» y sostuvo que los operativos oficiales no han tenido un efecto concreto. Su crítica se sumó a las de los congresistas sobre la distancia entre los anuncios de seguridad y el balance de víctimas.
La exsenadora María José Pizarro defendió medidas del Gobierno anterior dirigidas a soldados, patrulleros y veteranos. Entre ellas mencionó el pago del 100% del salario mínimo a soldados regulares y auxiliares de Policía, aumentos superiores al 23% para soldados profesionales y patrulleros, y la mesada 14 para 244 mil veteranos. Su planteamiento fue que mejorar las condiciones de la base de la fuerza pública también forma parte de una política de seguridad.
El debate queda centrado en el balance de los primeros 90 días: las cifras de muertos y heridos alimentan las críticas al Gobierno, mientras sus promesas de recuperación territorial y el plan de choque siguen bajo cuestionamiento de los dirigentes citados.
