El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que modifica la respuesta de las autoridades ante las manifestaciones. La decisión llega antes de las marchas convocadas para el 14 de octubre contra su gobierno y establece nuevas reglas para actuar frente a hechos violentos y bloqueos.
Qué cambia el decreto sobre protestas
El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 modifica y adiciona disposiciones del protocolo establecido en 2021. Esa regulación privilegiaba el diálogo y la mediación antes de la actuación de la fuerza pública en manifestaciones violentas. La nueva norma define con mayor detalle las agresiones, la retención de personas y los bloqueos en vías públicas.
El texto mantiene la gestión anticipada de conflictos y el diálogo con organizadores y autoridades locales. También establece que la molestia o alteración propia de una protesta no constituye por sí sola un acto de violencia. La fuerza pública no intervendrá en concentraciones que transcurran sin hechos violentos, de acuerdo con las disposiciones expuestas por el Gobierno.
En cambio, las autoridades de policía quedan facultadas para una intervención inmediata y focalizada ante el uso de armas, agresiones a terceros o a misiones médicas, retención de personas y destrucción de infraestructura. El decreto fija causales para dar por agotado el diálogo en esas situaciones.
La orden ejecutiva busca establecer corredores y zonas seguras para el transporte, los servicios esenciales, la infraestructura crítica y las vías nacionales. También dispone garantizar corredores solidarios para el paso de ambulancias, insumos hospitalarios, alimentos y grupos vulnerables.
De la Espriella defendió la medida en X y afirmó que no permitirá bloqueos que impidan el tránsito. El presidente sostuvo que no se tolerarán la violencia ni el vandalismo. Esas declaraciones acompañan una reforma que distingue entre las concentraciones pacíficas y las conductas ante las cuales podrán intervenir las autoridades.
Marchas y vigilancia en el suroccidente
Sindicatos, estudiantes e indígenas convocaron movilizaciones en las principales ciudades contra las políticas económicas, sociales y de orden público del nuevo gobierno. Entre las organizaciones convocantes figuran el Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Francisco Maltés, presidente de la CUT, expresó preocupación por el decreto y lo calificó como una forma de infundir temor entre quienes participarán en las marchas. Su posición contrasta con la del Gobierno, que presenta la medida como una regulación para proteger tanto la manifestación pacífica como el tránsito de quienes no participan en ella.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, señaló al Cauca como zona de «especial atención». También indicó que Valle del Cauca y Nariño tendrán monitoreo especial de las Fuerzas Militares y la Policía para evitar cierres de corredores estratégicos como la Vía Panamericana.
La norma exige que los Puestos de Mando Unificado registren sus decisiones en bitácoras. Tras las manifestaciones, las autoridades locales tendrán un plazo máximo de 72 horas para publicar un balance de las afectaciones a personas, bienes e infraestructura, así como de las actuaciones de la fuerza pública.
