En el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena y organizado por la Federación Nacional de Municipios, la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió una alerta contundente sobre dos problemáticas que amenazan los derechos humanos en el país: la expansión de grupos armados ilegales y la crisis alimentaria en centros de detención transitoria.
“La Defensoría del Pueblo ha podido constatar que en los últimos cinco años los grupos armados ilegales se han venido expandiendo en el territorio nacional”, afirmó Marín Ortiz. Según su intervención, el Clan del Golfo lidera esta expansión con mayor hegemonía territorial, seguido por el ELN y las disidencias de las FARC, incluyendo facciones dirigidas por ‘Mordisco’, ‘Calarcá’, la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Bolivariana.
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La funcionaria enfatizó que, aunque existen conversaciones con algunos grupos, otras estructuras continúan al margen de cualquier proceso de diálogo. “Nosotros hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional para que articule la política de paz, la política de seguridad y el monitoreo de las alertas tempranas”, sostuvo.
Crisis penitenciaria: riesgo de hambre para 7.578 personas
La otra gran alerta se centró en la crítica situación de las personas privadas de la libertad, especialmente en los centros de detención transitoria, donde el hacinamiento y las condiciones precarias amenazan con convertirse en tratos crueles e inhumanos.
La defensora recordó que la Corte Constitucional falló en contra de una solicitud de la Defensoría para que la USPEC continuara prestando el servicio de alimentación, una vez vencida la ley transitoria vigente hasta el 1 de julio. Según Marín Ortiz, la Corte respondió de manera negativa porque “el 72,6 % de las ciudades donde hay centros de detención transitoria no habían presentado planes de alimentación”. Esta omisión pone en riesgo de pasar hambre a al menos 7.578 personas privadas de la libertad.
“El principio de subsidiariedad es claro: si el municipio no tiene la capacidad institucional ni presupuestal, debe entrar la Gobernación, y si esta tampoco puede, el Gobierno Nacional”, explicó la defensora.
Corte exige plan de contingencia antes del 1 de julio
Frente a este panorama, la Corte ordenó al Ministerio de Justicia formular, coordinar e implementar un plan de contingencia en articulación con las entidades territoriales, para garantizar el suministro continuo de alimentación en los centros de detención.
“Nos quedan un poco menos de dos meses. Aquellos municipios que no presentaron el plan deben ponerse al día y trabajar con el Ministerio de Justicia”, subrayó Marín Ortiz. La advertencia fue clara: a partir del 1 de julio, la obligación de prestar el servicio de alimentación recaerá plenamente en las entidades territoriales.
Desde la Defensoría, también se recordó que esta crisis carcelaria hace parte del decálogo de los diez temas de derechos humanos más críticos del país. “Tenemos que ponernos la mano en el corazón. No podemos permitir que la omisión institucional ponga en riesgo la vida de miles de personas”, concluyó la defensora.
