Barranquilla, octubre 4 de 2024 – Los contralores territoriales de la Costa Caribe lanzan una alerta ante la exclusión del cobro del impuesto de alumbrado público, la tasa de seguridad ciudadana y el servicio de aseo de la factura de AIR-E SAS ESP. Esta medida, anunciada por el agente interventor Carlos Diago, afecta directamente a los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Además, amenaza con desfinanciar el servicio de alumbrado público, generando graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de las comunidades locales.
Aumento de la inseguridad en espacios públicos
Los contralores Yadira Morales (Contralora General del Departamento Del Atlantico) Bienvenido Mejía Brito (Contralor General de La Guajira), Angélica María Olarte Becerra (Contralora Municipal de Valledupar), Chadan Francisco Rosado Taylor (Contralor Distrital de Santa Marta) y Abraham Antonio Haydar Berrocal (Contralor Municipal de Sincelejo), entre otros, aseguran que la medida desfinanciará el servicio de alumbrado público. Esto provocará un aumento en los niveles de inseguridad, ya que la falta de iluminación adecuada en calles y espacios públicos facilitará la delincuencia.
Preocupación por la seguridad ciudadana
La falta de alumbrado público compromete no solo la tranquilidad, sino también la capacidad de las autoridades locales para prevenir el delito. En zonas donde el alumbrado es deficiente, los habitantes ya han empezado a reportar un aumento en los actos delictivos.
Las áreas oscuras en municipios como Riohacha y Santa Marta representan un riesgo creciente para la seguridad ciudadana.
Impacto negativo en el turismo y la economía local
Los contralores también aseguran que esta situación afecta el turismo, una actividad clave para la economía de la región Caribe. Sin alumbrado público, las áreas turísticas se percibirán como inseguras. Esto podría disuadir a los visitantes y tener un impacto negativo en las economías locales.
Destacan que zonas turísticas, como las playas de La Guajira y los parques de Santa Marta, podrían ver una disminución en la afluencia de turistas debido a la falta de iluminación adecuada.
Percepción de inseguridad en áreas turísticas
La falta de iluminación no solo afecta a los turistas, sino también a los propios residentes de la región. Los contralores temen que esta situación deteriore aún más la percepción de seguridad en zonas clave.
Esto podría resultar en una reducción de la inversión en el sector turístico, afectando a miles de familias que dependen de esta industria para subsistir.
Impacto financiero en los municipios y AIR-E
Los contralores advierten que esta medida también afectará las finanzas de AIR-E. Al eliminar la recaudación del impuesto de alumbrado público, AIR-E no podrá descontar los costos asociados a la energía consumida por el servicio. Esto incrementará su cartera de deudas.
La empresa, que ya enfrenta una crisis financiera que motivó su intervención, se verá aún más presionada para cumplir con sus obligaciones.
Aumento de la deuda en los municipios
Por otro lado, los municipios afectados enfrentarán serias dificultades para gestionar el pago de los costos asociados al alumbrado público. La deuda acumulada, producto de la falta de recaudación, representará un grave detrimento patrimonial.
Esto afectará su capacidad para mantener el servicio y cumplir con otros compromisos financieros.
Posibles infracciones legales y reclamo de los contralores
El comunicado emitido por los contralores territoriales también acusa al agente interventor Carlos Diago de incumplir el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 147 de la Ley 142 de 1994. Estos regulan la facturación del impuesto de alumbrado público y el servicio de aseo.
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Los contralores consideran que la medida viola estos mandatos legales y advierten que el agente interventor podría incurrir en prevaricato por omisión.
Reclamo de transparencia en las decisiones
Los contralores no solo cuestionan la legalidad de la medida, sino también la transparencia en su implementación. Señalan que las afirmaciones del agente interventor sobre la inconstitucionalidad del cobro carecen de sustento jurídico.
Solicitan una mayor claridad por parte de AIR-E y las autoridades competentes.
Llamado a la acción
Los contralores territoriales, entre ellos Angélica María Olarte Becerra y Abraham Antonio Haydar Berrocal, urgen al Gobierno Nacional y al superintendente de servicios públicos a revisar la medida. Deben garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales en la región Caribe.
Además, piden que se implementen las políticas necesarias para reducir el costo del servicio de energía, revisando la fórmula tarifaria y asegurando que las inversiones necesarias en infraestructura no impacten negativamente a los usuarios.
Medidas concretas
Ante esta situación, los contralores consideran que se debe actuar con urgencia para evitar un colapso en los servicios básicos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Insisten en la importancia de que las autoridades adopten soluciones que no solo beneficien a AIR-E, sino que también protejan los intereses de los ciudadanos y mantengan la seguridad en las zonas afectadas.
