125 hallazgos con incidencia fiscal y 25 con presunta incidencia penal encontró la Contraloría General de la República en le manejo de $94.579 millones que hacen parte de los recursos del Sistema General de Participaciones.
Las principales causas de los hallazgos incluyen la falta de planeación y estructuración adecuada de los proyectos, así como la ausencia o insuficiencia de estudios técnicos previos, falta de soporte en la formulación, demoras en la gestión de permisos ambientales y una desconexión entre los estudios contratados y las necesidades reales de las comunidades.
Las irregularidades afectaron directamente los resultados y la puesta en funcionamiento de las obras y llevaron al incumplimiento de las obligaciones contractuales y la ausencia de manuales de operación.
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Los hallazgos provinieron tanto de denuncias ciudadanas como de auditorías.
Como resultado de denuncias ciudadanas atendidas entre 2020 y 2024, se detectaron 13 hallazgos fiscales y 6 con presunta incidencia penal, por $33.614 millones, relacionados con recursos destinados a Agua Potable y Saneamiento Básico.
La Contraloría destacó el caso del departamento de Bolívar, donde fallas en el funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka y Soplaviento representaron un hallazgo por $2.775 millones.
Por otra parte, las auditorías realizadas en 2022, 2023 y 2024 revelaron 109 hallazgos fiscales, por $60.965 millones.
Entre los casos más relevantes se encuentran los de San Andrés Islas y Tibú (Norte de Santander), donde se identificaron graves deficiencias en la supervisión y control del cobro y asignación de subsidios, generando un daño patrimonial superior a los $14.000 millones.
Durante estas auditorías también se detectaron 19 hallazgos con presunta incidencia penal.
De Colprensa para Nación Costeña.
