El ministro de Hacienda ha compartido sus reflexiones sobre la intervención de la empresa de energía Air-e, así como sobre la situación del otro operador de la región, Afinia. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de garantizar un servicio de energía eficiente y accesible para todos los ciudadanos, subrayando que la intervención busca mejorar la calidad del servicio y proteger los intereses de los usuarios.
En un comunicado el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que el Gobierno nacional evaluará la situación de Afinia, el operador de energía que presta servicios en Bolívar y tres departamentos de la Costa Caribe, en conjunto con EPM (Empresas Públicas de Medellín).
La declaración se produce tras la intervención de la Superservicios a Air-e, otro proveedor de energía en la región, que ha enfrentado serios problemas operativos.
“Es fundamental revisar qué va a pasar con Afinia, dado que enfrentan un escenario parecido al de Air-e y el mismo dilema que vivió Electricaribe en el pasado”, afirmó Bonilla. “Ninguna de estas empresas tiene la capacidad adecuada para prestar el servicio, y mucho menos para garantizar el recaudo”, destacó, evidenciando las preocupaciones sobre el futuro del servicio eléctrico en la región.
El ministro subrayó que los problemas de Air-e no se deben simplemente a retrasos en el pago de subsidios para los estratos 1, 2 y 3. “La complejidad de la situación radica en las inversiones que no se realizaron, generando pérdidas negras muy altas que impactan directamente en la tarifa”, explicó Bonilla.
Detalló que hay tres factores claves en los costos del usuario de la Costa Caribe: las pérdidas técnicas, el costo de generación que se adquiere a través de la Bolsa, y la Opción Tarifaria que se está gestionando mediante créditos de Findeter.
Bonilla también hizo hincapié en que “la intervención de Air-e fue solicitada en momentos críticos. La empresa se encontraba al borde de dejar de operar”, aclarando que la situación no es únicamente financiera, sino que refleja un mal manejo por parte de la empresa. “La anterior intervención de Electricaribe costó más de $10 billones, y ahora enfrentamos un nuevo escenario con Air-e”, aseguró.
En cuanto al presupuesto frente a estos desafíos, el ministro aclaró que “el Congreso no ha negado ninguna cifra del Presupuesto”. Explicó que si el Congreso no aprueba el monto, el Presupuesto que se rige es el propuesto por el Gobierno, que asciende a $523 billones. “El Presupuesto puede ser instaurado por decreto si no obtiene la aprobación del Congreso”, concluyó Bonilla, ministro de Hacienda a Nación Costeña
Esta situación subraya la urgente necesidad de una evaluación profunda de la infraestructura y la gestión de las empresas de energía en la región, para garantizar un servicio adecuado y sostenible para la población de la Costa Caribe.
