Denuncia de abusos en Playa Blanca
La representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar, Dorina Hernández Palomino, denuncia los abusos contra las comunidades ancestrales de la Isla de Barú en Cartagena. Las Denuncias en Playa Blanca también subrayan que los antepasados de estas comunidades adquirieron títulos ancestrales legítimos; sin embargo, los actuales residentes enfrentan un desplazamiento sistemático de sus territorios.
Desalojo violento
Palomino asegura que, recientemente, el ESMAD utilizó fuerza para desalojar a la familia Girado de su hogar en Playa Blanca, exponiendo sus vidas con gases lacrimógenos. “Apenas diez días después del desalojo, las tierras que estas comunidades han mantenido están ahora en manos de familias adineradas, incluyendo al señor Gabriel Echeverría Obregón”, afirma Palomino.
Llamado a las autoridades
La representante exige a la Gobernación de Bolívar, a la Alcaldía de Cartagena y a la policía que cesen el uso de la fuerza contra esta población nativa, denuncias en Playa Blanca que evidencian la violación de sus derechos territoriales y la necesidad de proteger sus comunidades.
Investigación de la comisión de juristas y derechos humanos
Hace aproximadamente cuatro semanas, la Comisión de Juristas y Derechos Humanos llegó a Cartagena para investigar las denuncias de despojo que enfrentan los nativos de la isla de Barú. La investigación, realizada en la Universidad del Sinú, contó con la presencia de abogados internacionales que examinaron la situación.
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Estos abogados revisaron la Hacienda Santa Ana, la compra presuntamente ilegal por parte de FONADE en representación del Estado, y las irregularidades jurídicas. Además, investigaron el uso de la fuerza por parte de particulares con presunto apoyo de la policía.
Críticas a las instituciones
Héctor Pérez, abogado de los nativos, critica la falta de garantías en las instituciones. “Las instituciones no ofrecen garantías. Ni siquiera el gobierno nacional, la Agencia Nacional de Tierras, las fiscalías ni las autoridades locales en Cartagena cumplen con su deber”, declara Pérez.
Además, denuncia que “los alcaldes se han arrodillado ante estos empresarios poderosos. En lugar de judicializar a los presuntos abusadores, se les favorece”. También añade que “todos se arrodillan ante el señor Alejandro Santo Domingo Dávila del Grupo Valores, el señor Gabriel Echeverría Obregón y sus presuntos cómplices, incluyendo a sus abogados. Estos grupos parecen tener control sobre la alcaldía”.
Testimonio de víctima de desplazamiento forzado
Luis Alfonso Jiménez Zúñiga, heredero ancestral de Barú, denuncia: “Sufro de desplazamiento armado. Los paramilitares y la Policía Nacional han atacado a mi familia y a mí. Los falsos positivos han agravado nuestra situación en la isla de Barú”.
Jiménez Zúñiga también afirma que “la situación en la isla de Barú es crítica. No solo yo y mi familia, sino muchas familias más. Prácticamente no tenemos empleo, porque nuestra única fuente de ingresos son las tierras, las cuales nos están robando y nos están desplazando. El mar, las playas y las ciénegas nos están dejando sin nada”.
Finalmente, añade que “la intervención del Estado ha sido mínima, poca, nula. Es un absurdo. Las autoridades, incluso los jueces y la fiscalía, parecen complicarse en los daños»
