La desesperación por la creciente inseguridad en el barrio Olaya llegó a su punto máximo. El pasado miércoles, 28 de mayo, vecinos salieron armados con cuchillos, palos y machetes para enfrentar a un grupo de jóvenes del sector señalados de robar a residentes y domiciliarios.
La comunidad, harta de los robos y de la inacción de las autoridades, enfrentó directamente a los presuntos delincuentes. El estallido de furia popular se produjo tras varios ataques en los que víctimas terminaron hospitalizadas, algunas con riesgo de perder la vida.
“Vamos a tener que aplicar nosotros la justicia”
La Policía Nacional llegó al lugar, pero después de los disturbios. “Estamos cansados de la misma situación, vamos a tener que aplicar nosotros la justicia”, denunció uno de los habitantes. Otra residente, Nataly Fiera Terán, fue más tajante: “Siempre es lo mismo. La Policía no hace nada y nadie hace nada”.
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Los vecinos apuntaron al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por centrarse en la imagen de la ciudad y no en la inseguridad real que enfrentan los barrios populares. “Se preocupa por la fachada, pero no por lo que vivimos todos los días”, expresó otro líder comunitario.
Estudiantes, en la línea de fuego
Uno de los focos más delicados está frente a la Institución Educativa San Felipe Nery. A la hora de salida de la jornada de la tarde, estudiantes quedan en medio de enfrentamientos entre pandillas del sector Ricaurte y La Bomba, que usan esa esquina como punto de encuentro violento.
La situación ha afectado viviendas: los vecinos reportan ventanas destruidas por piedras y objetos lanzados durante los disturbios.
La seguridad, en ruinas pese al Plan Titán 24
El barrio Olaya no es el único afectado. San José de los Campanos, Colombiatón, Nelson Mandela, La María, San Francisco y Bayunca también sufren los embates de la delincuencia. Según el director de Distriseguridad, más de 100 cámaras de seguridad se encuentran instaladas en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, la comunidad del barrio Olaya denuncian que no funcionan desde hace más de cuatro meses.
Aunque este plan representó una inversión de 30 mil millones de pesos con promesas de vigilancia 24/7, motocicletas, grupos élite y operativos, en la práctica no logró frenar el crecimiento del microtráfico ni los actos violentos en los barrios.
