La Fiscalía programó para el 24 de agosto una audiencia de imputación por homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a Nueva EPS, dentro de la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia.
Audiencia por la atención al menor
Entre los citados están Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñaba como auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias. La Fiscalía 51 Seccional de Bogotá había solicitado la audiencia preliminar el 6 de agosto.
La diligencia corresponde a una investigación por presuntas fallas en la atención y posibles omisiones de quienes tenían posición de garante frente al paciente, diagnosticado con hemofilia tipo A severa. Kevin Acosta murió el 13 de febrero de 2026, después de esperar tratamiento para esa enfermedad.
La Fiscalía examina la atención brindada al menor el 27 de enero de 2026. De acuerdo con el proceso, el médico que lo atendió habría omitido ordenar el suministro inmediato del medicamento profiláctico Emicizumab, cuya aplicación era requerida conforme a los protocolos médicos y la lex artis.
También se indaga si funcionarios de la EPS omitieron gestiones para asegurar la atención y la entrega del medicamento. En el caso de Ramírez Plaza, la pesquisa contempla una presunta falta de gestión para conseguirlo; sobre Galves Mateus, se revisa su responsabilidad en la designación del auditor de concurrencia.
Historia clínica y compulsa
El expediente incluye la presunta filtración de la historia clínica del menor. No obstante, la imputación anunciada para el 24 de agosto se limita al delito de homicidio culposo. La Fiscalía expondrá ante un juez los hechos y las presuntas responsabilidades individuales de los funcionarios y profesionales vinculados.
En una actuación separada, el ente investigador remitió copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que determine si existen responsabilidades de Gustavo Petro por presunta violación agravada de datos personales y homicidio culposo. La remisión se relaciona con la divulgación de información clínica del niño.
La Fiscalía sostuvo en su escrito que Petro, al referirse al caso en Uribia el 17 de febrero de 2026, atribuyó a la madre del menor la falta de recepción de una dosis en febrero. El ente investigador señaló que la EPS estaba en la obligación de suministrar la dosis y que el entonces presidente no estaba facultado legalmente para divulgar esa información.
La Procuraduría concluyó en un informe preventivo que la falta de suministro de Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica. El documento también recogió que Kevin estuvo cerca de dos meses sin recibir el medicamento, luego de que Medicarte suspendiera la entrega a sus pacientes por falta de pago de Nueva EPS.
La familia de Kevin Acosta pidió al Congreso revocar a Gustavo Petro el permiso para viajar fuera del país durante su primer año de mandato. La solicitud fue dirigida al presidente del Senado, Honorio Henríquez, y se produjo tras el llamado a imputación de los cuatro vinculados a Nueva EPS.
