El Gobierno nacional no asistió a la audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo en Bogotá por los diez años del Acuerdo de Paz, pese a tener reservado el primer turno. La defensora Iris Marín recordó al presidente Abelardo de la Espriella que puede cambiar los instrumentos de implementación, pero debe cumplir de buena fe lo pactado.
El turno vacío del Gobierno
La audiencia defensorial «La paz se construye por la vida» se realizó el 11 de noviembre en la sede de la Defensoría del Pueblo en Chapinero. La agenda destinaba veinte minutos al Gobierno nacional antes de las intervenciones de Paola Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, y Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU.
Al comenzar su intervención, Marín saludó a víctimas, firmantes de paz, militares comparecientes ante la JEP, mujeres buscadoras y magistrados. Luego se refirió al espacio sin ocupar: «Sin duda, extrañamos al Gobierno, pero hacen parte de la discusión aunque no estén presentes».
La agenda también incluía a los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, con quince minutos para cada uno. Al destacar la diversidad de posiciones entre los asistentes, Marín señaló que algunos no habían votado de la misma manera y que, aun así, habían aceptado acudir. La audiencia tuvo lugar antes del décimo aniversario del Acuerdo, previsto para el 24 de noviembre.
El deber de cumplir el Acuerdo
Marín apoyó su llamado en el Acto Legislativo 02 de 2017, que estableció la obligación de las instituciones de cumplir de buena fe el Acuerdo durante tres periodos presidenciales. Situó el mandato de De la Espriella en el tercero y último de esos periodos, después de los gobiernos de Santos, Duque y Petro.
La defensora reconoció que el Ejecutivo puede corregir medidas que considere ineficaces y utilizar instrumentos distintos de los previstos en 2016. Marcó, sin embargo, un límite: cambiar los instrumentos no exime de cumplir las obligaciones consignadas en el Acuerdo, la Constitución y la ley.
El debate llega después de que De la Espriella, como presidente electo, anunciara que acabaría la JEP y trasladaría las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo a un comisionado de seguridad. Ya durante su Gobierno, la jurisdicción afrontó un recorte de 170.000 millones de pesos que la obliga a reducir personal y cambiar de sede.
Sobre la justicia transicional, Marín sostuvo que el Congreso puede plantear reformas a la JEP. También pidió a la jurisdicción acelerar los macrocasos y garantizar sanciones con una restricción efectiva y verificable de la libertad. Reclamó que cualquier discusión respete la separación de poderes y evite ataques personales contra los magistrados.
Antes de reformar la JEP, propuso evaluar si la justicia ordinaria procesaría esos crímenes mejor y con mayor rapidez, y si el cambio afectaría la seguridad jurídica de militares comparecientes y firmantes. Al cerrar, pidió al Gobierno «hacer de la paz un compromiso cotidiano».
