La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Winston Mendoza Soto, auxiliar administrativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Montería, por su presunta participación en un caso de extorsión relacionado con las elecciones legislativas.
Según la investigación, el funcionario habría exigido $100 millones a una candidata al Congreso de la República a cambio de favorecerla con 1.000 votos en los comicios legislativos del pasado 8 de marzo.
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Las pesquisas indican que el 25 de febrero Mendoza Soto contactó telefónicamente a la aspirante y posteriormente sostuvo una reunión en su residencia, donde presuntamente le hizo la primera exigencia económica.
Días después, durante un nuevo encuentro en una cafetería de Montería, el procesado habría reiterado la solicitud y asegurado que tenía la capacidad de manipular los resultados electorales para garantizarle los votos ofrecidos.
Con base en estos hechos, la Fiscalía presentó al investigado ante un juez de control de garantías, que asumirá el proceso para definir su situación judicial.
