La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió este lunes sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira, decisión que acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación sobre el accionar violento que desplegó el denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu entre los años 2002 y 2006.
El fallo judicial estableció que las estructuras armadas bajo el mando de Mancuso siguieron lineamientos definidos para atacar sistemáticamente a la población civil en el departamento de La Guajira. Según detalló el ente investigador en la decisión, los hombres adscritos al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) «perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas«.
El tribunal explicó que el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y en sus inicios «contó con 150 integrantes«, lo que permitió a las AUC extender sus acciones armadas a las zonas media, alta, noroccidental y nororiental de La Guajira, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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La sentencia documentó episodios de extrema crueldad destinados no solo a eliminar físicamente a las víctimas, sino a destruir su identidad cultural y medios de subsistencia. Se le atribuyó a Mancuso la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003.
En este evento delictivo, «varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas«, señaló la decisión judicial. Además de la violencia física, los paramilitares «les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas«, bienes que constituían su base económica fundamental.
Asimismo, el prontuario criminal ratificado por la justicia incluyó el homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también ubicada en el municipio de Uribia.
El Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Mancuso Gómez a «40 años de prisión«, aunque precisó que tendrá la alternativa de pagar «8 años de prisión de acuerdo con los parámetros de la Ley 975 de 2005«, conocida como Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando mantenga el «compromiso de atender las obligaciones impuestas en la sentencia«.
La condena incluyó una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la pena principal.
Finalmente, la justicia reconoció la magnitud del daño colectivo causado a la estructura social de la región. Por ello, la sentencia reconoció «como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia; y Matitas en Riohacha«.
De Colprensa
