Más de 120.000 familias afectadas por las lluvias en la región Caribe dependen de la continuidad de los decretos de emergencia, que hoy están bajo revisión de la Corte Constitucional de Colombia.
Alcaldes de municipios impactados por el frente frío advirtieron que una eventual caída de estas medidas frenaría la atención a comunidades que siguen en medio de la crisis humanitaria.
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Recursos en juego para la recuperación
Los decretos permiten ejecutar un plan de inversión cercano a los $8,7 billones, destinado a atender necesidades urgentes en departamentos como Córdoba, Bolívar, La Guajira, Sucre, Cesar, Magdalena, Antioquia y Chocó.
Estos recursos buscan garantizar vivienda, agua potable, salud, educación y seguridad alimentaria, además de financiar obras de infraestructura y mitigación del riesgo.
Comunidades aún en emergencia
Las familias afectadas continúan enfrentando pérdidas en viviendas, dificultades de acceso a servicios básicos y afectaciones en sus medios de subsistencia.
En varios municipios, la recuperación apenas inicia, por lo que autoridades locales insisten en que los decretos siguen siendo clave para sostener la respuesta institucional.
