La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Ana María Castaño Álvarez, exsecretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntas irregularidades en un proceso contractual que habría incluido sobrecostos superiores a los $2.000 millones.
La investigación disciplinaria se centra en actuaciones realizadas durante 2023, cuando la exfuncionaria también se desempeñaba como ordenadora del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).
Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, Castaño Álvarez habría avalado el pago de más de $2.000 millones por el suministro de elementos de identificación para colaboradores de la entidad, en un proceso contractual que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, presentaría valores por encima de los precios del mercado.
El organismo de control sostiene que la exfuncionaria participó activamente en la etapa precontractual, al firmar los estudios previos, el análisis del sector y el acto de adjudicación del proceso de selección, actuaciones que habrían desconocido el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal en Colombia.
De acuerdo con el Ministerio Público, un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría evidenció que el valor del contrato superaba las referencias de mercado, situación que debió ser advertida durante el proceso de estructuración del contrato.
Con base en estos hallazgos, el ente de control concluyó de forma preliminar que la exfuncionaria habría omitido los controles necesarios para evitar un posible detrimento de recursos públicos.
