Los trabajadores de las seccionales de Magangué, Córdoba, Cesar y Sucre alzaron su voz en rechazo a los racionamientos de energía impuestos por Caribemar de la Costa – Afinia, filial del Grupo EPM. Esta medida afecta a algunas de las comunidades más vulnerables de la Costa Atlántica, mientras la empresa sigue sin corregir los oscuros manejos financieros y administrativos que han marcado su gestión en los últimos años.
Según los empleados, los racionamientos de energía responden a una estrategia calculada para generar descontento social, debilitar la fuerza laboral y sabotear el proceso de negociación colectiva que actualmente lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol). «La empresa ha cambiado la fecha de vencimiento de las facturas, implementando cobros mensuales que, lejos de mejorar el recaudo, han afectado gravemente su flujo financiero«, aseguraron los trabajadores. Este cambio ha generado un impacto que podría superar los 130 mil millones de pesos mensuales, poniendo a la empresa en una crisis autoinfligida que ahora pretende usar como excusa para justificar su deterioro económico.
🚨 El Sindicato de trabajadores rechaza los racionamientos de @AfiniaGrupoEPM en comunidades vulnerables de la costa atlántica. Exigen acciones para garantizar el servicio de energía y respetar los derechos de usuarios y trabajadores. #Córdoba #Sucre
— Nación Costeña (@CostenaNacionX) March 31, 2025
Los trabajadores demandan una sanción severa por parte de las autoridades estatales, al considerar que estas decisiones no solo son una irresponsabilidad administrativa, sino que también amenazan la continuidad del servicio público. Además, los voceros del sindicato recalcaron la falta de explicaciones claras por parte de Afinia sobre su gestión financiera y el impacto de sus decisiones.
Ante esta situación, el sindicato exige la urgente intervención del Estado colombiano a través de los organismos competentes. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en coordinación con la Contraloría General de la República, debe actuar inmediatamente para controlar la situación. Además, el Ministerio de Minas y Energía debe investigar a fondo los hechos y garantizar que los derechos de los trabajadores y la estabilidad del servicio público sean respetados.
Los trabajadores dejan claro que, mientras se sacrifican los derechos de las comunidades y los trabajadores, Afinia sigue ocultando la verdad y se presenta como víctima de circunstancias que ella misma ha creado.
