La Fiscalía General de la Nación imputará este jueves, 7 de noviembre, un nuevo cargo a Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por irregularidades en la contratación pública. La audiencia, que se llevará a cabo de forma virtual, será presidida por un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.
El nuevo delito, “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, se suma a las acusaciones de interés indebido, peculado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, todas relacionadas con la adjudicación de un contrato para la compra de carrotanques pequeños con sobrecostos, mediante la empresa Yapurutú.
Fuentes cercanas indican que la ampliación de la imputación proviene de declaraciones de exfuncionarios como Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo, implicados en el escándalo y actualmente detenidos. Ambos habrían ofrecido detalles clave sobre el papel de otros actores en el esquema de corrupción que afectó recursos destinados a proyectos en La Guajira, incluyendo la compra de 40 carrotanques por un valor inflado de 20.000 millones de pesos.
Como la ven? En su momento los medios de comunicación salieron TODOS a decir que los 4 mil millones de pesos que se robó Olmedo López y Sneyder Pinilla de la UNGRD fueron para comprar los votos en el congreso para aprobar la Reforma a la Salud. Todo el mundo sabía que eso era… pic.twitter.com/msB6ZkdZUf
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) November 6, 2024
Más pruebas
En el marco de su colaboración con la justicia, Pinilla y López entregaron recientemente sus dispositivos móviles a la Fiscalía. Los celulares, que contienen información relevante, como contactos, chats, y geolocalización, podrían ayudar a identificar a más implicados en el caso. Entre los datos almacenados en el teléfono de Pinilla figuran nombres de 26 personas presuntamente vinculadas al esquema de corrupción.
Las autoridades investigan también posibles conexiones de Barreto con el movimiento político de César Manrique, actual director del Departamento Administrativo de Función Pública. Este caso representa uno de los mayores desfalcos en la historia reciente de la UNGRD y evidencia fallas en la supervisión de recursos públicos.
