El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1368 de 2026, que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La medida restablece la eficacia de autorizaciones individuales vigentes, bajo los requisitos, controles y restricciones ya previstos en la ley.
Las autoridades militares deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar la suspensión general en todo el territorio nacional. Con ello, podrán volver a ejercer las facultades de sus permisos los titulares que cuenten con una autorización vigente y no tengan una suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial u otra limitación jurídica.
El decreto dispone que los titulares de permisos vigentes no requerirán tramitar autorización especial adicional. El porte seguirá limitado al arma o las armas amparadas expresamente por cada permiso y a las condiciones establecidas en ese documento.
La decisión no autoriza el libre porte de armas de fuego ni crea nuevos derechos. La vigencia del permiso expedido por la autoridad militar competente, las restricciones, obligaciones y demás requisitos del Decreto Ley 2535 de 1993 continúan aplicándose.
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los requisitos para obtener un permiso seguirán siendo estrictos. Entre las condiciones mencionadas están contar con permiso vigente emitido por autoridad militar, tener el arma cubierta por esa autorización, edad mínima de 25 años, no registrar antecedentes, aprobar certificado médico y de aptitud psicofísica, y acreditar conocimiento teórico.
Al presentar la medida, De la Espriella sostuvo que busca modificar la política que restringió durante años el porte legal de armas mientras grupos criminales accedían a armamento ilegal. También señaló que el Estado aplicará su fuerza legítima contra los actores armados ilegales.
El mandatario reportó 15.700 armas de fuego incautadas entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre. De ese total, indicó que 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
Dentro de las cifras expuestas por el presidente, 980 armas estaban relacionadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN. Añadió que, entre las armas vinculadas a disidencias, se encontraron 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
El congresista Jaime Arizabaleta celebró la decisión y sostuvo que el 99 % de los delitos se cometen con armamento ilegal. Por su parte, el senador Hernán Cadavid respaldó la reincorporación del porte legal regulado y enfatizó que no se trata de una venta libre de armas.
El representante Durguez Espinosa recordó que el 6 de agosto solicitó la derogatoria del Decreto 1482 de 2025, que prorrogó la prohibición al porte legal de armas. El nuevo decreto ordena restablecer la eficacia de los permisos individuales que cumplan las condiciones legales.
