El Ministerio del Trabajo del gobierno de De la Espriella publicó ocho proyectos de decreto para derogar o modificar normas laborales expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. Las propuestas abarcan tercerización, pactos colectivos, aportes de repartidores e inspecciones del trabajo doméstico, y aún no constituyen cambios aprobados.
Cambios en los decretos laborales
Uno de los borradores propone derogar el Decreto 581 de junio de 2026, relativo a la contratación mediante terceros para labores permanentes en una empresa. El Ministerio argumenta que esa norma fijó multas superiores a las permitidas por la ley y reprodujo disposiciones anuladas por el Consejo de Estado. La prohibición de la tercerización ilegal seguiría respaldada por la legislación laboral.
Otro proyecto busca dejar sin efecto el Decreto 992 de agosto de 2026, sobre pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. El trámite volvería a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo. Continuaría prohibido celebrar esos acuerdos cuando un sindicato reúna a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa.
La revisión del Decreto 720 delimita las facultades de los inspectores laborales. Sus medidas preventivas seguirían disponibles ante riesgos, pero deberían estar justificadas, ser temporales y permitir revisión. En materia de tercerización, los inspectores podrían documentar hechos y remitirlos a la autoridad competente, sin declarar por sí mismos la existencia de un contrato de trabajo.
Para los repartidores de aplicaciones, la propuesta sobre el Decreto 991 plantea calcular las cotizaciones a seguridad social sobre el 40% de los ingresos reales, en vez de tomar un salario mínimo como base en determinados casos. También prevé exigir las obligaciones 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique los ajustes tecnológicos necesarios.
La regla vigente utiliza un salario mínimo completo como base de cotización cuando el repartidor gana al menos ese monto y el 40% de sus ingresos queda por debajo. Ese salario mínimo equivale a $1.750.905 en 2026. Alianza In, gremio que representa a plataformas como Rappi y DiDi, había pedido derogar el decreto y anunciado una demanda de nulidad.
Inspecciones y protección laboral
El borrador sobre trabajo doméstico ajustaría el Decreto 993 para permitir inspecciones sin ingresar a las viviendas. El ingreso requeriría consentimiento o una autorización legal expresa; desde el exterior podrían solicitarse documentos y realizarse entrevistas. El seguimiento de estos asuntos quedaría en la Mesa del Convenio 189 de la OIT.
Otros dos proyectos abordan el acoso laboral y sexual. La modificación del Decreto 1040 mantendría las medidas de protección, incluida la protección especial de seis meses frente al acoso sexual, y asignaría a las ARL la atención psicológica. El ajuste al Decreto 405 de 2025 conservaría las multas por despidos de víctimas de acoso sexual e incorporaría la gravedad de la conducta para graduarlas.
El octavo borrador revisa el Decreto 660 para ajustar la reglamentación de periodistas y comunicadores a la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. El Ministerio sostiene que el conjunto de cambios busca adecuar los decretos a sus competencias, sin eliminar derechos reconocidos en la Constitución y las leyes.
La publicación llegó después de que el Comando Nacional Unitario, integrado por organizaciones sindicales y de pensionados, pidiera rechazar cambios en nueve decretos. Las organizaciones sostienen que esas normas fueron concertadas y advierten que modificarlas podría afectar la progresividad de los derechos laborales. El Decreto 234 de 2026, sobre negociación colectiva por niveles, figura entre los señalados por los sindicatos, pero no está entre los ocho proyectos publicados.
