El ministro del Interior de Colombia, Alejandro Ordóñez, anunció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el Gobierno evaluará unos 600 esquemas de seguridad. La decisión llega tras las advertencias de magistrados sobre los riesgos para jueces y víctimas en medio de los recortes previstos para el tribunal.
Revisión de esquemas de seguridad
Durante su comparecencia ante la JEP, Ordóñez sostuvo que la protección de víctimas, comparecientes y jueces es una prioridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Al mismo tiempo, afirmó que en esta administración “se acaba la feria de los esquemas de seguridad” y planteó revisar los dispositivos existentes.
El ministro justificó la evaluación con denuncias sobre un presunto uso indebido de algunos esquemas. Afirmó que no deben financiarse con recursos públicos dispositivos utilizados para delinquir, traficar drogas, transportar armas o movilizar terroristas. Su declaración no equivale a una conclusión sobre los cerca de 600 esquemas que serán evaluados.
Ordóñez también aseguró que el Gobierno cumplirá sus obligaciones con el acuerdo de paz de 2016, firmado con la extinta guerrilla de las FARC. La declaración contrasta con la oposición que De la Espriella había expresado frente a ese acuerdo, al que calificó de “falsa paz” y que se mostró dispuesto a desmontar.
Recortes previstos para la JEP
La revisión de los dispositivos ocurre mientras se estima un recorte de hasta 170.000 millones de pesos para la JEP, dentro del plan de austeridad del presidente. La cifra equivale a 47,1 millones de euros. Los magistrados han advertido de los riesgos que afrontan ellos y las víctimas en ese contexto.
Entre las medidas previstas figuran el traslado del tribunal a un inmueble más pequeño, la reducción de personal y un mayor uso del teletrabajo. La evaluación de los esquemas de seguridad queda planteada junto a esos ajustes, mientras el ministro sostiene que se mantendrá la protección de quienes participan en los casos de la JEP.
