Un informe reservado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), elaborado bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella, señala presuntos planes de vigilancia a expresidentes y de ataques informáticos contra la Registraduría durante el mandato de Gustavo Petro. Los señalamientos, que no han sido confirmados de forma independiente, motivaron pedidos de investigación y una revisión de contratos de la agencia.
Señalamientos sobre la DNI y elecciones
El documento de 26 páginas sostiene que se planeó instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos asignados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. También menciona una casa clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una sospecha de infiltración informática atribuida a Rusia y compras cuestionadas de drones y un helicóptero no tripulado.
Uno de los nombres incluidos es Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde 2024. De acuerdo con los documentos, se le habrían encomendado ataques contra la Registraduría Nacional en época electoral y el acceso a bases de datos de otras entidades estatales. El informe periodístico que divulgó el caso no presentó pruebas de los supuestos intentos de atacar el software electoral.
Oyola fue capturado el 6 de noviembre en Neiva, Huila, en un operativo del Gaula Militar con participación del CTI de la Fiscalía. Fue acusado de acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal por vender títulos universitarios. Un funcionario del Gobierno saliente reconoció que había tenido acceso a misiones reservadas, pero negó las acusaciones del informe.
Una fuente de la DNI indicó que varias denuncias ya habían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía desde marzo de 2026. Los señalamientos sobre una posible injerencia en las elecciones presidenciales mediante el software de la Registraduría surgieron con el nuevo Gobierno; por ahora, los informes no acreditan pruebas de esa acusación.
Contratos bajo revisión
El vicepresidente José Manuel Restrepo pidió una investigación de fondo. La Contraloría ordenó revisar prioritariamente cinco contratos de la DNI por más de 20.783 millones de pesos, mientras el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso solicitó información oficial. El Pacto Histórico, partido de Petro, calificó los señalamientos como un ataque político contra la izquierda.
La DNI ya había enfrentado otros cuestionamientos durante el Gobierno Petro. En 2025, documentos hallados en computadores de alias Calarcá Córdoba mencionaron a Wilmar Mejía, entonces director de inteligencia de la entidad, en una supuesta propuesta que favorecería a las disidencias. Mejía negó cualquier vínculo con Calarcá. En otro caso, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por las reuniones del exdirector Jorge Lemus con el abogado del contrabandista Diego Marín Buitrago.
El antecedente más grave de vigilancia estatal fue el del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que durante el Gobierno de Álvaro Uribe siguió e interceptó a magistrados, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Una veintena de exfuncionarios fueron condenados. En 2011, el Gobierno de Juan Manuel Santos liquidó el DAS y creó la DNI para reemplazarlo.
La revisión de los contratos y las solicitudes de información avanzan mientras permanecen sin confirmación independiente los señalamientos centrales del nuevo informe. Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre el caso.
