La disputa por el proceso de modernización del alumbrado público de Cali llegó al escenario judicial. La defensa de Roger Mina Carbonero, gerente de EMCALI, anunció que presentará acciones penales, civiles y constitucionales contra el concejal Roberto Ortiz, tras las afirmaciones que este realizó durante un debate de control político sobre la contratación de ese proyecto.
El abogado penalista Luis Gustavo Moreno Rivera, quien representa a Mina Carbonero, aseguró que las declaraciones del cabildante afectan la honra, el buen nombre y la reputación de su cliente y, además, comprometen su seguridad y la de su familia.
La controversia surgió después de que Roberto Ortiz, empresario y concejal de Cali con una amplia trayectoria política como exrepresentante a la Cámara, exsenador y excandidato a la Alcaldía, cuestionara públicamente el manejo del proceso de modernización del alumbrado público e hiciera señalamientos sobre la contratación que adelanta EMCALI.
Frente a esas afirmaciones, la defensa de Roger Mina sostuvo que no existen pruebas que respalden las acusaciones y advirtió que acudirá a los estrados judiciales para que se determine si las declaraciones constituyen delitos como injuria o calumnia, además de solicitar la reparación de los perjuicios que, según afirma, fueron ocasionados.
Roger Mina Carbonero, ingeniero y actual gerente de EMCALI, ha liderado durante su administración proyectos relacionados con la modernización de la infraestructura de servicios públicos de la capital vallecaucana, entre ellos el cambio del sistema de alumbrado público por tecnología LED, un proceso que ha generado un intenso debate político en el Concejo de Cali por el monto de la inversión y la forma en que se adelanta la contratación.
La defensa también respondió a las críticas relacionadas con el alumbrado público y recordó que durante cerca de 25 años ese servicio estuvo en manos del mismo operador privado, un periodo en el que, según el abogado, la ciudad acumuló retrasos en la modernización del sistema y surgieron cuestionamientos públicos sobre su operación. En ese contexto, sostuvo que las actuales discusiones deben sustentarse en hechos verificables y no en acusaciones sin respaldo probatorio.
