Varios titulares de medios locales cuestionaron la competencia de la Contraloría de la ciudad para auditar al burgomaestre de la ciudad, hablamos con distintos colegas y coincidieron en que la fuente del malestar era el propio mandatario de Cartagena a quien le hacemos un llamado a la transparencia
La administración municipal de Cartagena se encuentra en el ojo del huracán debido a las presuntas intenciones de evadir la supervisión y vigilancia de los entes de control. Esta situación no solo genera preocupación entre la ciudadanía, sino que también pone en entredicho la transparencia y la rendición de cuentas que deben ser la base de cualquier gobierno democrático.
La Alcaldía de Cartagena, como institución pública, tiene la obligación de ser transparente en su gestión y de permitir que los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, realicen su labor de supervisión y vigilancia. Sin embargo, las acciones de la administración municipal parecen indicar lo contrario, enviar mensajes a medios tratando de persuadir ese control sobre los recursos públicos hablan mal del alcalde quien a evitado reponerle a este medio los cuestionamientos sobre el uso de los dineros públicos que desde aquí le hemos hecho.
La ciudadanía de Cartagena tiene derecho a saber cómo se están gestionando los recursos públicos y cómo se están tomando las decisiones que afectan su vida diaria. La opacidad y la falta de transparencia solo generan desconfianza y especulación, lo que puede llevar a la corrupción y al abuso de poder.
Es hora de que la Alcaldía de Cartagena asuma su responsabilidad y permita que los entes de control realicen su labor de manera efectiva. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la democracia y para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Por lo tanto, hacemos un llamado a la Alcaldía de Cartagena para que sea transparente en su gestión y permita la supervisión y vigilancia de los entes de control. La ciudadanía de Cartagena merece saber la verdad sobre la gestión de sus recursos públicos y sobre las decisiones que se toman en su nombre.