La reforma del control notarial que impulsa el Gobierno para las transmisiones de participaciones sociales recibió un aviso del CGPJ, que pidió reconsiderar el cambio por su impacto en la persecución del fraude y el blanqueo.
Qué cambio plantea la Ley Orgánica de Integridad Pública en estas operaciones
En su informe preceptivo, el Consejo General del Poder Judicial solicitó “de manera expresa” revisar una disposición incluida en la Ley Orgánica de Integridad Pública. La propuesta elimina la obligación de formalizar ante notario, mediante escritura pública, las transmisiones de participaciones sociales.
En su lugar, el Gobierno plantea un sistema basado en un documento privado firmado electrónicamente, que podría inscribirse en una sección especial del Registro Mercantil. Para el órgano de gobierno de los jueces, el cambio altera un esquema con “larga tradición” en España y con utilidad probada en el control de delitos económicos.
Por qué el CGPJ insiste en el valor del control notarial previo
El CGPJ remarcó que la intervención previa ante notario no equivale a un control registral posterior. En su argumentación, sostuvo que el sistema alternativo propuesto tiene “un alcance e intensidad distintos” frente a la verificación presencial en sede notarial.
Según el informe, la intervención notarial permite acreditar la identidad de los firmantes y su capacidad, así como la legitimidad de la representación. Además, incluye la comprobación del consentimiento, la constatación de medios de pago y la legalidad de la operación. El órgano de los jueces advirtió que ese conjunto de verificaciones se debilita si el trámite se reduce a una vía exclusivamente electrónica.
El CGPJ también citó la valoración positiva del GAFI sobre el papel del control notarial en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, como parte del respaldo a mantener la escritura pública en este tipo de transacciones.
El impacto en el Índice Único y los datos de uso en investigaciones
La propuesta ha provocado una reacción del notariado. Los notarios alertaron de que, si se aprueba la reforma, se afectaría el flujo de información hacia el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado, una base de datos a la que acuden, entre otros, la Fiscalía y unidades policiales y tributarias en investigaciones sobre delitos económicos.
En una jornada organizada por la Fundación Notariado, el director de esa base de datos aportó cifras sobre el volumen de consultas. Aseguró que, desde el 1 de enero de 2024, el sistema ha recibido 385.000 requerimientos de información vinculados a blanqueo y financiación del terrorismo, con solicitudes referidas a cerca de un millón de personas.
En paralelo, desde el notariado se advirtió que la transmisión digital podría empeorar la calidad de la información registral y facilitar identidades falsas. En esa misma línea, se citó como riesgo la aparición de sociedades con titulares ficticios, incluso a nombre de personas fallecidas, y la posibilidad de un “mercado negro” de titularidades societarias.
El debate se da, además, en un contexto de presión pública por investigaciones de corrupción que han copado titulares en las últimas semanas. En ese marco se mencionaron procedimientos como el caso mascarillas y el caso Plus Ultra, este último vinculado —según esa referencia— a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
