Un juzgado de Cali ordenó la captura y arresto por 10 días del creador de contenido y activista mexicano Samuel Adrián, además de una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dentro de un proceso por presunto desacato.
La decisión judicial surge en medio de una disputa legal con el médico Mario Angulo, profesional vinculado a la Fundación Valle del Lili, tras la difusión de material audiovisual relacionado con procedimientos médicos en menores de edad con diagnóstico de disforia de género.
El caso tomó relevancia pública luego de la publicación de un documental en el que se abordaron testimonios y grabaciones atribuidas al profesional de la salud. Según el afectado, la sanción responde a la divulgación de audios donde se explicaban protocolos médicos aplicados a pacientes menores.
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En su pronunciamiento público, Samuel Adrián aseguró que la medida se originó por la difusión de dicho contenido y calificó la decisión como una afectación a su libertad de expresión. También afirmó que “no cometió ningún delito” y que continuará su defensa legal.
El proceso ha generado debate en redes sociales y sectores de opinión, donde algunos cuestionan si la decisión judicial afecta la libertad de prensa y expresión, mientras otros respaldan la protección de la reserva legal, el debido proceso y los derechos de los involucrados.
