La Corte Constitucional declaró inexequibles las normas que permitían a funcionarios elegidos por voto popular renunciar a su cargo para postularse al Congreso sin incurrir en coincidencia de períodos. El fallo redefine las reglas para quienes pretendan pasar de una corporación o cargo de elección al Legislativo.
Las normas anuladas
La decisión recayó sobre la excepción del numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5.ª de 1992. Esa disposición impedía ser elegido congresista a quien tuviera períodos coincidentes en más de una corporación o cargo público, pero permitía evitar esa restricción mediante la renuncia antes de la elección correspondiente.
También fue retirada la expresión del inciso segundo del artículo 44 de la Ley 136 de 1994 que habilitaba a los concejales para aspirar al Congreso si dejaban su cargo antes de la inscripción de la candidatura. Con la sentencia, esa renuncia ya no elimina la coincidencia entre los períodos.
El expediente fue estudiado por el magistrado Miguel Polo Rosero, a partir de una demanda presentada por el ciudadano Andrés Gustavo Pérez. El magistrado Héctor Carvajal salvó el voto frente a la decisión adoptada por la Corte.
Períodos institucionales y representación
La Corte sostuvo que los períodos de los cargos de elección popular tienen carácter institucional desde la reforma introducida por el artículo 6 del Acto Legislativo 01 de 2003. Por ello, no dependen de la persona que ocupa el cargo ni terminan cuando el funcionario presenta su renuncia.
En esa línea, el tribunal definió que el período es una unidad temporal objetiva, predeterminada e inalterable. Una vez comienza en la fecha fijada por la Constitución o la ley, sigue transcurriendo aunque quien fue elegido se retire y el cargo quede vacante o sea ocupado por otra persona.
El fallo vinculó esa regla con la prohibición constitucional de elegir a una misma persona para más de una corporación o cargo cuando los períodos coinciden, incluso de forma parcial. La excepción legal anulada permitía que la dimisión previa a los comicios evitara la inhabilidad.
Para la Corte, dejar la investidura o la curul afecta la expectativa de representación depositada por los votantes. El tribunal señaló que quienes llegan a un cargo mediante voto popular asumen el deber de honrar esa confianza durante el período institucional para el que fueron elegidos.
La sentencia reconoció que la determinación contrae las posibilidades de transitar a otros escenarios de representación, entre ellos el Congreso. No obstante, consideró que esa limitación corresponde al ejercicio de la función representativa dentro de un ordenamiento que reconoce a la democracia como eje definitorio.
La decisión no tiene efectos retroactivos. Su aplicación comenzará en las próximas elecciones al Congreso y, por tanto, no cobija los comicios celebrados el pasado 8 de marzo.
