El exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre denunció al magistrado Ramiro Riaño de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quien se declaró impedido para resolver una tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, y que tiene parado el juicio en su contra.
La decisión de Riaño se fundamenta en su vinculación pasada con Luis Eduardo Montealegre Lynnet, quien actúa como víctima en el proceso y fue fiscal General de la Nación cuando la esposa de Riaño se desempeñaba como fiscal Local.
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En un escrito fechado el 14 de febrero, Riaño explicó que, una vez se tomó la decisión de suspender las audiencias de juicio en contra del exjefe de Estado, las víctimas suscribieron un memorial rechazando esa determinación. Entre los firmantes de ese documento se encuentra Montealegre, por lo que consideró que la relación entre ambos podría configurar un conflicto de interés que afectaría su imparcialidad.
Hecho que rechazó inmediatamente Montealegre, por lo que acudió a la Fiscalía. «Desde la demanda de tutela se decía que yo era una de las víctimas del proceso. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué razón, si según el magistrado existía una causal de impedimento, no la declaró inmediatamente y esperó a decretar una medida cautelar que favorece al expresidente», explicó Montealegre.
La tutela fue interpuesta por la defensa de Uribe el 11 de febrero, argumentando conflicto de intereses por considerar que no había imparcialidad en el manejo del proceso por parte de la juez del caso, quien el 5 de febrero rechazó la recusación presentada por la defensa.
A pesar de que la juez rechazó el recurso, la tutela presentada por Uribe busca que se revoque la decisión y se suspenda el juicio en curso.
Si la tutela es aceptada, se podría tramitar la recusación y hasta cambiar de juez, lo que afectaría el avance del juicio. En caso de que se rechace, el proceso judicial podría continuar con la juez originalmente asignada.
Este desarrollo pone en pausa el juicio que desde 2018 sigue al expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos, en el marco de una investigación relacionada con denuncias de nexos con grupos paramilitares.
De Colprensa para Nación Costeña.
