La Procuraduría General de la Nación requirió a Colombia Compra Eficiente para que explique varios aspectos del proceso contractual con el que busca implementar herramientas de ciberseguridad en entidades públicas a nivel nacional, tras identificar posibles inconsistencias que podrían afectar la transparencia y la libre competencia.
La actuación corresponde a una vigilancia preventiva, por lo que no implica la suspensión del proceso de contratación ni constituye una investigación disciplinaria. El objetivo es verificar que el procedimiento se ajuste a los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva.
Procuraduría pide aclarar condiciones del proceso
Entre los puntos que el organismo de control pidió explicar se encuentran la pluralidad real de los oferentes, la dependencia de autorizaciones expedidas por fabricantes, la posible existencia de canales únicos de distribución, los criterios utilizados para la selección de marcas y la metodología empleada para la evaluación económica de las propuestas.
Además, la Procuraduría solicitó información sobre el manejo del riesgo cambiario, un aspecto que podría incidir en la ejecución del contrato debido a la naturaleza tecnológica de los bienes que serán adquiridos.
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También revisará requisitos técnicos y de experiencia
El Ministerio Público también puso bajo revisión los requisitos de experiencia exigidos a los proponentes, las condiciones relacionadas con el personal requerido, los factores técnicos de calificación y las posibles diferencias entre los pliegos de condiciones, los anexos, los formatos y la minuta contractual.
Para la Procuraduría, las reglas del proceso deben garantizar una competencia efectiva y evitar condiciones que limiten la participación de posibles interesados.
Advierten sobre riesgos para la libre competencia
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública señaló que la competencia no puede ser únicamente formal y advirtió que el diseño del proceso no debe permitir que la escogencia de una determinada marca termine reduciendo la participación a uno o pocos proveedores.
El ente de control insistió en que los procesos de contratación pública deben promover condiciones objetivas de participación, especialmente cuando involucran adquisiciones estratégicas para el Estado.
