El juzgado décimo primero administrativo del circuito de Cartagena declaró al Distrito de Cartagena responsable por los perjuicios ocasionados a la propietaria Leidy Paola Pautt Figueroa. La afectada había invertido en un apartamento en el Edificio Portales de Blas de Lezo II, que colapsó el 27 de abril de 2017, resultando en la muerte de 21 personas.
La sentencia se basa en la atribución del daño antijurídico al Estado, utilizando criterios como la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas y el riesgo excepcional. El fallo establece que, al verificarse el daño y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizar a la afectada de manera integral.
Indemnización económica
El fallo condena al Distrito de Cartagena a pagar 143 millones de pesos en concepto de perjuicios materiales, cantidad que deberá ajustarse según el índice de precios al consumidor. Este es el primer caso en el que el Distrito asume responsabilidad por las construcciones ilegales ejecutadas por los hermanos Quiroz.
Origen de la demanda
La demanda fue presentada por la afectada, quien argumentó que existieron fallas en el servicio de inspección, vigilancia y control en las actividades de construcción a nivel local. La defensa de la demandante solicitó que el Distrito fuera declarado responsable por omisión en el control de las construcciones.
Ajuste de perjuicios materiales
El valor de los perjuicios materiales será ajustado utilizando la fórmula:
R = Rh * (Índice Final / Índice Inicial),
donde Rh corresponde al valor histórico, que se ajustará según la diferencia entre el índice final (fecha de la ejecutoria de la sentencia) y el índice inicial (fecha de compra del inmueble, 3 de octubre de 2016).
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Excepciones del Distrito
El fallo también desestimó las excepciones presentadas por el Distrito, como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero y la falta de legitimación en la causa pasiva presentada por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Daños emergentes y morales
La demandante solicitó una indemnización por daños emergentes y morales por un total de 285 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:
- Daño emergente presente: $12 millones por la cuota inicial del inmueble, $1.25 millones por gastos notariales y $21.3 millones por cánones de arriendo pagados durante el desalojo.
- Daño emergente futuro: $100 millones por un préstamo hipotecario con el Banco Bogotá, entre otros conceptos.
- Daño moral: $66.2 millones por el impacto emocional sufrido por la demandante y su familia.
Precedente importante
Este fallo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado en Cartagena, ante la falta de control sobre las construcciones ilegales.
Detalles del fallo:
- Fecha de la sentencia: 11 de diciembre de 2024
- Tema: Responsabilidad por omisión en el control y vigilancia de construcciones ilegales
- Demandante: Ledy Paola Pautt Figueroa
- Demandado: Distrito de Cartagena y Superintendencia de Notariado y Registro
