La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho exintegrantes de la inteligencia militar por crímenes de guerra, de lesa humanidad y actos de genocidio contra miembros de la Unión Patriótica (UP), además de ataques a integrantes de organizaciones guerrilleras. La decisión examina operaciones realizadas en Bogotá entre 1985 y 1993 y exige a los comparecientes responder por su participación.
Dos patrones de violencia en Bogotá
La Sala de Reconocimiento de Verdad distinguió dos patrones. El primero comprendió la estigmatización, vigilancia, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP: 14 hechos con 18 víctimas. El segundo abarcó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios de integrantes del M-19, el EPL y las FARC: 13 hechos con 15 víctimas.
Entre los casos examinados figura la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista, militante del M-19, ocurrida en 1987. La JEP vinculó los hechos con integrantes del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia y de la Brigada XX. En el patrón contra la UP señaló, además, el conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército.
La Sala atribuyó a los imputados distintos aportes dentro de un plan con división de tareas. Su análisis diferencia a quienes ejecutaron capturas y agresiones de quienes facilitaron recursos, dirigieron grupos o garantizaron la continuidad de las operaciones desde posiciones de mando. La imputación, precisó, no se deriva únicamente del grado militar ni de pertenecer a una unidad.
Para examinar la actuación contra la UP, la JEP revisó 3.306 carpetas del archivo de la antigua Brigada XX. Entre los documentos había registros de seguimientos, órdenes de trabajo y apreciaciones de inteligencia. También encontró un listado de la Dirección de Inteligencia del Ejército titulado “UP-FARC”, con 2.624 nombres.
Ese expediente se complementó con versiones de antiguos integrantes de las unidades investigadas, solicitudes de acreditación de víctimas y expedientes de otras instancias judiciales. La Sala inscribió los ataques documentados contra integrantes de la UP en el genocidio contra ese partido, declarado por la JEP a finales de 2025.
Respuesta de los ocho imputados
Entre los imputados están el brigadier general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado y el sargento viceprimero (r) Bernardo Alfonso Garzón Garzón. Completan el grupo Luis Guillermo Hernández González, Mauricio Angarita, Julio Roberto Ortega Araque, Carlos Armando Mejía Lobo, Camilo Pulecio Tovar y Óscar Diego Sánchez Vélez.
El caso del mayor general (r) Iván Ramírez Quintero sigue una vía distinta. Tras rechazar una imputación previa, su expediente sobre el patrón contra la UP fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación, que deberá determinar si hay mérito para acusarlo ante el Tribunal para la Paz.
Los ocho comparecientes tienen 15 días hábiles para reconocer responsabilidad o controvertir la decisión. La Sala exige que cualquier reconocimiento sea concreto e incluya los hechos, las víctimas y la forma de participación. Si no reconocen responsabilidad, el proceso podrá seguir una vía adversarial.
La JEP identificó diez víctimas de desaparición forzada en este expediente; cinco continúan desaparecidas. Ordenó crear una mesa técnica y un plan de búsqueda con participación de las víctimas. También solicitó reunir información sobre posibles lugares de inhumación, cuerpos no identificados, muestras genéticas y registros forenses.
