La Fiscalía pidió al juez 27 Penal Municipal con función de control de garantías imponer una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero Calle. La solicitud se sustenta, entre otros elementos, en presuntas presiones sobre testigos y accesos al expediente de la investigación por contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Contratos y recursos bajo investigación
La fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, Magda Sofía Ramírez, presentó durante más de cuatro horas los elementos con los que busca demostrar que Quintero debe permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso. El imputado responde por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación se concentra en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Las fuentes difieren sobre el valor total referido en la audiencia: una exposición mencionó $17.000 millones y otra señaló $17.656 millones para la contratación realizada entre 2021 y 2022.
La Fiscalía sostiene que los recursos de esos contratos, destinados a formación para bomberos de los diez municipios del área metropolitana y a kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19, habrían sido desviados. La fiscal indicó que $2.481 millones corresponderían a una coima: $1.654 millones en beneficio propio y $827 millones para terceros.
Dentro de su exposición, Ramírez afirmó que Quintero habría buscado controlar las subdirecciones administrativa y financiera, y ambiental, del Área Metropolitana. La teoría del ente acusador plantea que desde allí se incidía en nombramientos, terminaciones de contratos y el manejo de procesos contractuales de la entidad.
Testimonios y visitas a Cadavid
Uno de los ejes de la petición es la situación de Misael Alberto Cadavid, exrepresentante legal de los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Cadavid firmó un principio de oportunidad y aportó información a la Fiscalía. Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador de los bomberos, alcanzó un preacuerdo; también hay interrogatorios de Laura María Mejía Higuita y María Janeth Rúa García, exfuncionarias del Área Metropolitana.
Mientras Cadavid estuvo recluido en El Pedregal, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, recibió 17 visitas de abogados que pretendían asesorarlo o darle recomendaciones sobre el manejo de su proceso, de acuerdo con los registros expuestos por la Fiscalía. La entidad presentó esas visitas como parte de los hechos que, a su juicio, afectan la libertad y espontaneidad de su declaración.
En el testimonio llevado a la audiencia, Cadavid relató que Sebastián de Dios Ortega Urán le habría ofrecido gestionar un cupo en la cárcel de La Estrella por $400 millones, con un aporte de $200 millones de cada parte. Cadavid afirmó que rechazó la propuesta. La Fiscalía también vinculó a Ortega con grupos de WhatsApp en los que, según su hipótesis, se coordinaban decisiones de contratación en el Área Metropolitana.
La fiscal reprodujo además el relato de una visita del personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, en el CTP de la Minorista de Medellín. Cadavid aseguró que el funcionario le transmitió un ofrecimiento de apoyo y abogados de parte del exalcalde y exsenador Carlos Andrés Trujillo. El testimonio incluyó una propuesta de traslado a una cárcel en Santo Domingo, Antioquia.
Cadavid también mencionó la visita del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien, de acuerdo con la exposición de la Fiscalía, le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad. La funcionaria agregó que hubo acercamientos a la hija del testigo y presiones contra su expareja, Ana María Balbín, hechos que fueron incluidos en el argumento sobre un eventual riesgo de interferencia en la investigación.
Accesos al expediente y decisión
La Fiscalía expuso otro elemento relacionado con el acceso a información reservada del expediente. Una funcionaria que no estaba vinculada a esta investigación ingresó al sistema institucional y descargó archivos digitales después de que se anunciara la citación de Quintero a audiencia de imputación. La fiscal pidió que se investigue esa actuación.
Ramírez señaló que se registraron 334 consultas y 293 descargas de información en el caso. También relató que el abogado defensor Santiago Trespalacios acudió a su despacho entre el 26 y el 27 de agosto para preguntar por actuaciones en curso. Trespalacios aclaró durante la diligencia que sus preguntas se basaron en información pública disponible en la plataforma de la Rama Judicial.
Para la Fiscalía, el conjunto de estos elementos respalda que la libertad de Quintero entraña riesgo para la investigación y los testigos. La entidad también planteó ante el juez que el imputado podría salir del país por contar con recursos para hacerlo.
La audiencia continuará el lunes 21 de septiembre. En esa sesión, el abogado de las víctimas del Área Metropolitana argumentará su petición de medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega Urán, y el juez deberá resolver la solicitud presentada para Miguel Quintero Calle.
