Álvaro Uribe Vélez destacó la situación fiscal, la salud y la capacidad operativa del Estado como las tres luces rojas del Libro de la Verdad, un documento de 135 páginas promovido por el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre presuntas irregularidades en la administración de Gustavo Petro.
Las alertas fiscales y sociales
El expresidente sostuvo que el informe plantea un deterioro sistémico, no hechos aislados. El documento analizó 126 casos, priorizó 59 y los agrupó en nueve patrones críticos, entre ellos pérdida del rigor técnico, opacidad de la información, parálisis operativa, concentración contractual, fragmentación institucional y restricción fiscal.
En su revisión, Uribe advirtió que el Ministerio de Hacienda habría reportado una caja en pesos de $16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a niveles históricos de $30 a $40 billones. También citó una proyección de $7,1 billones para el cierre del año y un déficit del Gobierno nacional central de 6,4% del PIB en 2025.
El informe, de acuerdo con lo expuesto por Uribe, incluye emisiones de TES con tasas de entre 13% y 15%, vencimientos concentrados en 2026, 2029 y 2030, además de encargos fiduciarios por $113 billones que podrían sobreestimar la ejecución frente a la caja disponible.
En salud, el exmandatario señaló la asignación de más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria a finales de 2025, sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra. A junio de 2026, 28 proyectos habían completado la documentación y permanecían más de $1,3 billones comprometidos.
Uribe añadió que los Equipos Básicos en Salud recibieron más de $6,8 billones y registraban 29 % de ejecución a junio de 2026. Sobre Colombia Mayor, indicó que los recursos previstos para todo 2026 se agotaron en julio, mientras quedaban cinco ciclos de pago para cerca de 3 millones de adultos mayores.
Tecnología, seguridad y verificación
La Dian fue presentada como un caso de inversiones sin la modernización esperada. Uribe mencionó dos contratos tecnológicos superiores a $310.000 millones, con entregas proyectadas hasta 2028, y un plan que había ejecutado $333.853 millones, reportaba 95% de avance y no logró modernizar los sistemas misionales.
En materia de seguridad, citó cuestionamientos al proyecto Escudo Nacional Antidrones, superior a $6,3 billones. El documento recoge observaciones sobre estructuración, transparencia, reducción de oferentes, evaluación y pruebas técnicas; además, refiere equipos adquiridos con detecciones de 300 a 430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km.
El expresidente también incluyó hallazgos en educación: la Contraloría habría estructurado 61, de los cuales 23 tenían incidencia fiscal por $548.120 millones. De 9.305 solicitudes de pensión revisadas en 2025, 2.034 fueron reconocidas y pagadas oportunamente, mientras 7.271 se atendieron fuera de término.
Uribe pidió diferenciar los hallazgos del empalme de la determinación de responsabilidades. El documento fue entregado al procurador Gregorio Eljach, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el contralor Carlos Hernán Rodríguez; sus validaciones no equivalen a una auditoría ni a una investigación administrativa, por lo que los señalamientos deberán pasar por las autoridades competentes.
