La Fiscalía presentó 17 visitas de abogados a Misael Cadavid en la cárcel El Pedregal como parte de sus argumentos para pedir una medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero, imputado por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con los Bomberos de Itagüí.
Visitas a Misael Cadavid
La fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública sostuvo en audiencia que los acercamientos ocurrieron mientras Cadavid estuvo detenido, entre noviembre de 2025 y enero de 2026. Para el ente acusador, algunas de esas visitas buscaban disuadir o intimidar al testigo, quien aporta información bajo un principio de oportunidad.
Cadavid fue representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La investigación relaciona el proceso con contratos por $17.656 millones suscritos entre esa organización y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2021 y 2022.
Entre los visitantes mencionados estuvo Germán Osorio, exconductor de Cadavid. En el relato de imputación, la Fiscalía lo ubica como la persona que cambiaba cheques procedentes de los bomberos para que Cadavid o Juan Alberto Cardona, tesorero y contador de la entidad, entregaran el dinero a sus destinatarios.
La funcionaria también indicó que Sebastián Ortega le habría enviado a Cadavid una propuesta para gestionar un traslado a la cárcel de La Estrella por $400 millones, además de ofrecerle la asesoría gratuita de dos abogados. Cadavid habría respondido que se ocuparía de su propia situación.
Solicitud de medida contra Quintero
Durante la diligencia se mencionó igualmente una visita de Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia. De acuerdo con la declaración de Cadavid expuesta por la Fiscalía, Zuluaga le recomendó no acogerse al principio de oportunidad porque ello le generaría enemigos.
El testimonio de Cadavid también refiere un acercamiento de Jhon Fredy Ortiz, personero de Itagüí, cuando el entonces detenido estaba en el Centro de Traslado por Protección cercano a la Plaza Minorista. Ortiz habría dicho que actuaba en nombre de su “jefe”, Carlos Andrés Trujillo, y le ofreció sus buenos oficios.
La fiscal planteó además una estrategia para desacreditar al testigo. En ese contexto, señaló que a una expareja de Cadavid le habrían ofrecido dinero para suministrar información destinada a afectar su credibilidad; también afirmó que familiares del testigo, incluida su hija, fueron abordados con propósitos similares.
Otro punto de la exposición fue el acceso a información reservada del expediente. Una semana después de que la Fiscalía anunció que citaría a Quintero a imputación, una funcionaria sin relación con el caso ingresó al proceso y descargó archivos digitales. La fiscal pidió investigar la entrada de una funcionaria al expediente reservado.
La Fiscalía vinculó estos hechos con el riesgo de afectación a la investigación y solicitó que Quintero permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso. El hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, cargos frente a los que se declaró inocente.
Junto con Quintero fueron imputados el entonces subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada; la asesora jurídica Vanesa Álvarez, y Sebastián Ortega. La Fiscalía sostiene que $2.481 millones habrían correspondido a una coima ilegal en el caso. La audiencia continuará el lunes con nuevos argumentos sobre la solicitud de medida de aseguramiento.
