El Gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja con los ministerios de Defensa y Justicia y el INPEC en la conversión de un buque de la Armada en prisión. El proyecto busca aislar a los principales cabecillas de extorsión para impedir que mantengan operaciones criminales mediante redes de telefonía celular desde los centros de reclusión.
Un buque prisión en preparación
La iniciativa apunta a responder a la continuidad de actividades delictivas desde cárceles terrestres, donde internos han dirigido extorsiones, amenazas, redes de distribución de drogas y la planeación de homicidios. Fuentes del sistema penitenciario indicaron que el buque prisión será una realidad en unos meses.
El plan involucra a los ministerios de Defensa y Justicia, junto con el INPEC, y contempla adaptar una nave de la Armada colombiana para trasladar a los reclusos considerados responsables de esas operaciones. La medida se alinea con la política de endurecimiento de la seguridad impulsada por De la Espriella.
El presidente también mantiene su promesa de construir megacárceles de máxima seguridad con participación del sector privado. Sin embargo, esos proyectos anunciados durante la campaña aún no han avanzado, mientras la conversión de la embarcación se encuentra en preparación.
Antecedentes de prisiones flotantes
Colombia ya utilizó naves como centros de reclusión hace dos décadas. En 2007, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, el narcotraficante Diego Fernández Montoya, alias “Don Diego”, fue llevado a un buque prisión en el océano Pacífico tras determinarse que había sobornado a funcionarios para obtener beneficios y protección.
La embarcación que lo recluyó estuvo custodiada por mar y aire, en medio del interés de Estados Unidos por su extradición. Montoya cumple actualmente una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.
Ese mismo año, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, excomandante paramilitar, fue trasladado a una fragata de la Armada en el Caribe. El cambio se produjo después de que incumpliera el acuerdo de paz con el Gobierno y continuara cometiendo delitos desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia.
La posibilidad de usar barcos como cárceles también fue evaluada por el anterior Gobierno de Gustavo Petro, pero no se concretó. Esa administración aplicó el llamado Plan Dominó, que consistía en rotar a cerca de 30 internos clasificados como altamente peligrosos entre distintas cárceles de máxima seguridad.
La estrategia actual retoma el recurso de aislamiento marítimo y se suma a recientes traslados de seguridad, entre ellos el de 20 integrantes de bandas desde Barranquilla hacia Bogotá. En paralelo, el coronel Diego Fernando Gutiérrez Rojas seguirá al frente del INPEC, pese a que De la Espriella había planteado en campaña eliminar esa entidad.
