El pedido de suspensión provisional de Petro llegó al centro del debate en la Cámara de Representantes tras un auto impulsado por Gloria Arizabaleta, en el marco de una investigación por presunta participación en política a partir de mensajes publicados en X durante la campaña presidencial de 2026.
Un auto pone sobre la mesa la suspensión y fija un plazo inusual
La actuación se consignó en un auto de sustanciación promovido desde la Comisión de Investigación y Acusación, según el contenido divulgado. El documento plantea separar al presidente Gustavo Petro del cargo, sin remuneración, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., hora asociada al cierre de la votación de la segunda vuelta presidencial.
Sin embargo, la sola existencia del auto no zanja el asunto. La discusión se trasladó de inmediato al terreno de la competencia institucional, porque el fuero del jefe de Estado impone un trámite especial y el alcance real de una medida cautelar sigue en disputa dentro y fuera del Congreso.
Los trinos en X que originan el expediente y el argumento del “riesgo”
El soporte de la solicitud se centra en publicaciones difundidas desde la cuenta oficial del presidente en X. El auto menciona un riesgo de reiteración y habla de documentación de mensajes entre el 6 y el 9 de junio de 2026, en plena recta final de la campaña.
Entre los ejemplos reseñados aparecen referencias a candidatos, campañas y al propio proceso electoral. Se incluye un mensaje del 6 de junio en el que Petro respondió a una publicación de Claudia López, y trinos del 7 de junio con advertencias sobre el resultado y señalamientos sobre presuntas irregularidades, incluida una petición de “examen forense” al software de conteo y escrutinio.
En esa línea, Arizabaleta calificó la conducta como “gravísima” dentro de un proceso disciplinario. El planteamiento, por ahora, opera como solicitud y no como separación ya ejecutada del cargo.
La controversia por la suspensión provisional de Petro: ¿qué puede hacer la Comisión y qué le tocaría al Senado?
El primer punto de choque está dentro de la propia Comisión. De acuerdo con lo reportado, algunos integrantes cuestionan que la presidenta impulsara la suspensión sin someterla a decisión de la sala plena. El Espectador explicó que el paso inicial sería la aprobación del pleno de la comisión, que integran 18 representantes.
Además, el debate se cruza con el fuero constitucional. En el mismo auto se reconoce la tensión con la Constitución, que prevé que el Presidente solo puede ser suspendido o juzgado mediante un trámite que involucra al Senado. En su argumentación, Arizabaleta sostiene que lo pedido es preventivo y no una sanción.
Caracol Radio subrayó que una suspensión solo podría materializarse con aprobación de la plenaria del Senado, de modo que no se trataría de una decisión en firme. El auto ordena notificar al mandatario y menciona informar al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) para eventuales actuaciones administrativas si la medida llegara a hacerse efectiva.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente y que menos podría hacerlo “la voluntad de una sola representante”. Por su parte, Roy Barreras cuestionó el alcance jurídico y sostuvo que “no tiene ninguna validez jurídica”, aunque reconoció el efecto político del episodio. En paralelo, La Silla Vacía informó que Petro llegó a Nueva York para una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y una reunión con el alcalde Zohran Mamdani, sin pronunciarse hasta ese momento sobre el pedido.
